Otra de las singularidades de Hortaleza está relacionada con la Casa Consistorial. Pocos ayuntamientos se han visto a lo largo de su historia sin tener una casa en propiedad donde residiera su Casa Consistorial. Los últimos 60 años, hasta 1943, han representado un intento permanente de las sucesivas corporaciones por comprar o construir un edificio que albergara al ayuntamiento y otros servicios municipales, como son el juzgado y las escuelas.

La época mas  crítica es sin duda a partir del derribo de la Casa Consistorial pero no es la única temporada en la que existían problemas para su uso, cómo ocurrió en el año 1.787 en que se tuvieron que celebrar algunas sesiones municipales en domicilios particulares, ante la situación de la Casa Consistorial.

La casa que ocupaba el Ayuntamiento de Hortaleza y que era de su propiedad, estaba situada en la Calle Baja de Burgos, en el lugar conocido como “EL Potro”. En el  mismo edificio estaban las  escuelas, el cuartel de la guardia civil y el juzgado, El edificio era del siglo XVIII, y debido a la baja calidad de los materiales con los que fue construido presentaba signos de verdadero deterioro.

En el mes de Febrero de 1.847 se llevó a cabo una reforma del edificio consistente en reparar el tejado y sustituir las baldosas de la sala de plenos. Las obras duraron siete meses. 

Veinte años más tarde la Casa Consistorial seguía presentando graves problemas en su estructura. Los muros amenazaban una ruina casi inminente y el tejado se había combado debido al peso de las tejas y a la rotura de alguna de sus traviesas, por lo que se le encargó al arquitecto D. Juan José Sánchez Pescador que realizara un proyecto para valorar si se procedía a su reparación, o se tenia que pensar en derribarla.

En el mes de Febrero del 1874, el alcalde Manuel Ruiz Arenas, planteó  la necesidad de impulsar la construcción de  una  Casa Consistorial en la que, también, se pudieran instalar los  locales de las escuelas,

La casa ocupaba el solar que está a la izquierda del edificio que se ve enfrente

Una vez decididos a abordar el asunto y repasadas las distintas alternativas, decidieron que la mejor era alquilar la casa que estaba en la Plaza de la Constitución, 6 que era propiedad del Marqués de Cerralbo y se encontraba contigua al Ayuntamiento.

Firmado el contrato se procedió al traslado de las escuelas, en los primeros días del año 1877. Unos meses más tarde, en el mes de junio, el alcalde Eustaquio Nuñez firmó una ampliación del contrato para albergar, también, las dependencias municipales y en el mes de julio se trasladaron al mencionado edificio.

Al igual que el resto de los pagos municipales, el alquiler de la Casa Consistorial se había visto afectado por la situación económica del Ayuntamiento, de tal manera que el representante del Marqués de Cerralbo, insistió acerca de los alquileres pendientes de pago por las habitaciones que estaban ocupando. La respuesta del Ayuntamiento tuvo que ser la misma que se le había dado en el mes de Abril, que no fue otra, que las dificultades económicas que estaba atravesando.

En vista de que no se podía resolver la deuda, el Ayuntamiento, trató de solventar la situación proponiendo  la firma un nuevo contrato de arrendamiento,  ajustado a los gastos consignados en el actual presupuesto.

Sin embargo el representante del Marqués de Cerralbo exigía lo establecido en el contrato vigente, que resultó desconocido para  la actual Corporación. De la misma manera, advirtió al Alcalde, de que el  contrato de desahucio señalaba el mes Diciembre de 1877 para dejar desocupadas las habitaciones que ocupaba la escuela y que por tanto actuara en consecuencia.

Una de las alternativas que se pusieron en marcha fue la de dirigirse a Francisco Iborra, vecino de Chamartín, quien tenía una casa en el pueblo, para que, si no tenia inconveniente, se la arrendara al Ayuntamiento para las escuelas, por el importe que se tenia asignado en los presupuestos.

No obstante se seguía negociando con el representante del Marqués de Cerralbo  para ver si había alguna forma de alcanzar un acuerdo. Así fue, y en el mes de Diciembre contestó el Marqués de Cerralbo que aceptaba ceder en arrendamiento la casa  para escuelas por el precio de doscientas pesetas,  con la condición de que se reconocieran las deudas pendientes, a lo que accedió el Ayuntamiento, no sin advertirle que el compromiso se cumpliría tan pronto como se dispusiera de los fondos necesarios para hacer frente a los pagos.   

Como la financiación de este tipo de gasto no se podía cubrir con los recursos ordinarios del presupuesto municipal, se decidió que todos los gastos que se tuvieran que dedicar a esta partida debería proceder de los fondos que tenía el Ayuntamiento depositados  en la Caja General de Depósitos del Banco de España y que ascendían a 8.906 pesetas  procedentes  de la enajenación de bienes propios, fruto de las desamortizaciones.

El derribo de la vieja Casa Consistorial

El derribo de la Casa Consistorial se llevo a cabo el día  13 de Enero de 1.878.  Con el derribo de la Casa Consistorial se daba una triste coincidencia. El pueblo no tenía Casa Consistorial propia y tampoco tenia Iglesia, ya que, por esas fechas, se estaba reconstruyendo.

Los gastos que ocasionara su demolición, se pagaron con el dinero que se obtuvo de la venta de las tejas y la madera procedente del propio derribo. Se anunció su venta a todo el vecindario pero solo se recibió una propuesta para adquirir  las tejas rotas y la madera inservible procedente del mismo. La propuesta fue hecha por Bonifacio Marqués y la oferta ascendía a 37,5 pesetas.  Con ello se pagaron los jornales que había empleado el oficial, Luís Aragoneses, en las tareas de derribo, que ascendían a 23 pesetas. Con las 14,5 pesetas  restantes, se adquirieron dos bancos largos de madera ,que se colocaron en la sala de sesiones de la nueva Casa Consistorial.

También se aprovechó para adquirir unas sillas nuevas para la Sala de Sesiones, con las 25 pesetas que había ingresado D. Celestino Ansorena,  por la permuta de un terreno situado en la Plaza de la Iglesia, que se estaba estudiando y valorando, por parte del Ayuntamiento.

Entre idas y venidas, buscando un lugar donde construir la Casa Consistorial, Antonio López Torres que era el alcalde en 1881 se enteró de que el Marqués de Cerralbo pretendía vender la casa que estaba ocupando el Ayuntamiento.

 Se estuvieron estudiando diferentes alternativas y se determinó que, el  único camino para hacer frente a las 14.621,39 pesetas en que estaba valorada su adquisición, era acudir a los valores depositados en la Caja General de Depósitos. Para disponer de esos fondos, el ayuntamiento, se necesitaba la autorización del  Ministro de la Gobernación, lo que debían de solicitar a través del Gobernador Civil.

Paralelamente, se estaba llevando a cabo la construcción de la carretera de Madrid, por lo que se incluyeron ambas proyectos para solicitar la oportuna autorización para la retirada de los fondos.  

La solicitud consistía en retirar las 8.906 pesetas, de las cuales se pensaban asignar 3.000  pesetas al pago de la cantidad que correspondía por las obras de la carretera de Madrid  y las otras 5.906 pesetas restantes, se unirían a la subvención que se tenía que solicitar para las escuelas con lo que se consideraba fuera suficiente para comprar la Casa Consistorial.

El día 19 de Febrero de 1.882 se recibió, con enorme preocupación, la devolución, por parte del Gobernador Civil de la provincia,  del expediente que se había instruido para la retirada de fondos de la Caja General de Depósitos, con la indicación de los defectos que debían subsanarse.  

La primera desilusión.

De los dos compromisos que pretendía abordar el Ayuntamiento, la construcción de la carretera y la adquisición de la Casa Consistorial, éste último podía aplazarse, pero el pago del 20 % que se había comprometido por el arreglo de la carretera de Madrid, no solo no era aplazable, sino que se hacía urgente, puesto que las obras se habían terminado y el Ayuntamiento se hallaba solemnemente comprometido con la Diputación Provincial en el pago correspondiente, y no contaba con otro recurso que no fuera el procedente de la Caja de Depósitos.

La decisión del Ayuntamiento fue la de dejar en suspenso todo lo referente al la Casa Consistorial y que se resolvieran los problemas del expediente para solicitar, exclusivamente, la autorización para retirar de los fondos, la cantidad correspondiente al pago de las obras de la carretera.

En el mes de  Enero  de 1884 el Gobernador Civil comunicó que el Ministro de la Gobernación había autorizado retirar, de la Caja General de Depósitos, la cantidad de 2.103,45 pesetas, para el pago de las obras de reparación y acondicionamiento de la carretera de Madrid, para lo que se autorizó al secretario D. Juan Rubio a que retirara la cantidad y la ingresara en depositaría, hasta que se decidiera su aplicación.

El Ayuntamiento tenía problemas incluso para el pago de los alquileres, que se iban acumulando lo que provocó reiterados avisos por parte del apoderado del Marques de Cerralbo.

La subasta pública y su adjudicación

Enrique de Aguilera y Gamboa, que así se llamaba el Marqués de Cerralbo mas preocupado por otras cuestiones de mayor interés para él,  como era la colección de obras de arte, decidió desprenderse de las propiedades que tenía en Hortaleza, entre las que se encontraba la que ocupaba la Casa Consistorial.

La casa paso por una época de abandono en la que su propietario no atendía los requerimientos del Ayuntamiento para arreglar los desperfectos que se producían  en la misma. En el año 1891, el alcalde Julián Morales decidió que, ante la desatención del Marqués de Cerralbo, y de la urgencia que suponían los desperfectos que se realizaran las obras y se  pagaran  con cargo a las cantidades consignadas por  alquileres, que le serían deducidas en su día.

Mientras tanto la casa había sido comprada, en el año 1895, por D. Antonio Urzaiz, que, paradójicamente, había empezado a vender gran parte de las  propiedades que tenía en el municipio. Con el nuevo dueño no cambió la situación, al contrario, ahora ni siquiera se atendían  los pagos correspondientes a la contribución urbana.

El  Ayuntamiento, ante las deudas acumuladas de la contribución urbana,  la había señalado para su venta en subasta pública con el fin de compensar el montante de deudas atrasadas.  La finca salió a subasta el día 17 de Abril de 1.895 y el Ayuntamiento se adjudicó el  remate en  4.747, 50 pesetas.

Según los cálculos del propio Ayuntamiento serían necesarias otras 2.055 pesetas para realizar las obras de  adecuación tanto para Casa Consistorial, como para las escuelas,  juzgado municipal e, incluso,  la casa cuartel de la Guardia Civil, que se hallaban en su interior.

Para ello era necesario retirar las 6.802 pesetas que quedaban en la Caja General de Depósitos,  después de haber retirado los fondos para la carretera.

Se instruyó el oportuno expediente y se puso en marcha el procedimiento para su aprobación por el Gobernador Civil de la provincia. El proyecto fue devuelto con la solicitud de que se acompañara el proyecto con su memoria y presupuesto de la construcción de la Casa Consistorial.

En el Ayuntamiento  interpretó que, al tratarse de una casa ya construida no se debía verificar ninguna obra ni, por supuesto, presentar  proyecto  ni memoria. Entendieron que no existían razones para su devolución por lo que acordaron enviarlo nuevamente para su autorización. Para apoyar la petición nombraron una comisión formada por Eduardo Núñez Marqués y por León de la Vega Díaz, junto a un Arquitecto provincial para que redactaran un informe en el que, además, de describir las características de la casa que se pretendía adquirir, se incluyeran las razones por las que el Ayuntamiento consideraba  interesante su adquisición.

De nuevo otro contratiempo

El seis de Mayo de 1896 el Alcalde Julián Morales, informó a la Corporación de que el expediente de la Casa Consistorial estaba parado porque era necesario subsanar algunos detalles técnicos con el arquitecto Provincial, que no terminaba de prestar el apoyo necesario.  

Entre tanto, el Ayuntamiento no podía pagar el importe de la subasta al agente ejecutivo. Y éste no podía liquidar al Ayuntamiento al no haber cobrado las cantidades correspondientes. Era la pescadilla que se muerde la cola.

El alcalde D. Julian Morales presentó ante la junta Municipal la posibilidad de acudir a D. Federico Castro Cañedo que era el administrador del Marqués de Ibarra. D. Manuel Ibarra y Cruz era diputado a Cortes por el distrito de Hortaleza, Presidente de la Diputación Provincial y Secretario del Congreso de los Diputados.

El Sr. Castro Cañedo estaba dispuesto a ayudar a  la villa de Hortaleza y se ofrecía a facilitar la cantidad por la que fue subastada la Casa Consistorial, como adelanto de fondos sin interés sobre la cantidad y sin carácter de préstamo ni de operación de crédito alguno. Es más, acordó que la escritura pública se otorgaría a nombre del Municipio.

A los pocos días se concretaba el ofrecimiento de las 4.751 pesetas por parte del mencionado Federico Castro Cañedo para poder comprar la Casa.  El Ayuntamiento le agradeció el ofrecimiento, le concedió un voto de gracia y, de forma sorprendente, le autorizó a que hiciera la escritura de compra de la casa a su nombre, hasta que el Ayuntamiento pudiera devolverle el dinero y hacer la oportuna escritura de propiedad de titularidad municipal.

Por fin  el 20 de  Diciembre de 1898 se recibió la esperada noticia de que se había autorizado al Ayuntamiento para retirar los fondos  de la Caja General de Depósitos por un importe de 6.802,67 pesetas. El día 25 de Diciembre el alcalde informó que había recogido la cantidad autorizada 

Ahora, el asunto de la hipoteca

Una vez recibido el dinero, el Ayuntamiento estaba urgiendo a D. Federico Castro Cañedo para que se procediera al otorgamiento de la escritura pública de la Casa Consistorial al Ayuntamiento como se había pactado. Un año mas tarde el tema seguía paralizado. La causa del retraso, en esta ocasión,  era la cancelación de una hipoteca con que estaba gravado el mencionado inmueble, sin que el Ayuntamiento, ni el Sr. Castro Cañedo tuvieran noticias de ello.

El acreedor hipotecario, además, de entablar un pleito contra el Sr. Castro Cañedo estaba gestionando la venta de la casa para indemnizarse de dicha hipoteca. 

En esta situación el Ayuntamiento llevaba más de diez años ocupando la casa sin pagar ningún alquiler. Es más, ejercía las funciones cómo si de su propietario se tratara. En el año 1905, D. Pedro Tobar Gutiérrez, que era el presidente del Círculo de Labradores, solicitó al  Ayuntamiento la cesión,  en arrendamiento para el Círculo de Labradores, de la cochera situada en la planta baja de la Casa Consistorial. El Ayuntamiento accedió a la solicitud por el plazo de un año.

La realidad era que ni el Ayuntamiento ni D. Federico Castro Cañedo conocían cual era el importe de las cantidades que gravaban la finca, por lo que, éste último, se dirigió al juzgado en el que se estaba llevando el pleito, solicitando que se le diera información al respecto.

En el año 1917 dejó de ser alcalde Eduardo Núñez. Siguieron momentos de mayores dificultades económicas para el Ayuntamiento y junto a ellos de desavenencias entre los componentes de las corporaciones municipales.

El Ayuntamiento seguía en la casa de D. Federico Castro Cañedo que  entre tanto  había fallecido, lo que venía a complicar más la situación. Tampoco se había podido contactar con sus herederos.

En vista de ello  se habían explorado otras alternativas. Se estaban revisando los solares que existían en el pueblo que pudieran ser adquiridos por el Ayuntamiento para la construcción de una Casa Consistorial, para lo que pensaban contar con la colaboración vecinal,

En el año 1927, en vista de que no había tenido éxito la propuesta de la  colaboración vecinal, el Ayuntamiento se interesó por un solar que estaba en la calle del Mesón número 1. Envió un oficio al Sr. Delegado de Hacienda preguntándole sobre cual era el procedimiento a seguir para adquirir y construir una Casa Consistorial y unas escuelas, en el solar mencionado.  La respuesta del Sr. Delegado de Hacienda fue que el mencionado solar estaba al corriente de pago de la contribución urbana, por lo que el Ayuntamiento decidió dirigirse a D. Manuel Muñoz, propietario del mismo para interesarle si estaría dispuesto a vendérselo para llevar a cabo sus planes.    

Lo ocurrido hasta ahora sembraba muchas dudas en los miembros de las siguientes corporaciones. La complejidad de lo ocurrido y lo rocambolesco de alguna de las situaciones vividas creaba ciertas inquietudes lo que  había sido motivo de preguntas, dentro del pleno del Ayuntamiento, en varias ocasiones.

A mediados de 1927 se presentó uno de los  hijos de D. Federico Castro Cañedo. El heredero del Sr. Castro Cañedo nada sabía, ni nada quería saber, sobre lo ocurrido. Por su parte los miembros del Ayuntamiento tampoco conocían los pormenores de las negociaciones, ni siquiera disponían de ningún documento que acreditara al Ayuntamiento con algún derecho en relación a la casa o a la cesión otorgada al Sr. Castro Cañedo.

El asunto empezaba de nuevo. Se estudió la posibilidad de comprarla y se le hizo una oferta de 20.000 pesetas que no fue aceptada.  Finalmente, se formalizó un contrato de arrendamiento con los hermanos Castro Martín, propietarios de la misma. Aunque el asunto empezaba de nuevo los problemas seguían siendo los mismos por lo que Federico Núñez Pérez, que era el alcalde en esos momentos, tomó la decisión de suspender, como en el pasado, todos los pagos que se le tuvieran que hacer y proceder a rescindir el contrato de arrendamiento.

La decisión implicaba que el Ayuntamiento tuviera que abandonar el edificio antes del día 31 de Diciembre de 1933. Se trasladaron a una casa en la Calle de la Juventud nº2, que era propiedad de los Padres Paules, el precio era de treinta y cinco pesetas mensuales  y que la podían ocupar a partir de primero de enero. 

La solución adoptada ni siquiera podía considerarse una solución provisional, por lo que se encargó al arquitecto municipal D. Ramón Aníbal que realizara un proyecto para construir una Casa Consistorial en el solar donde estuvo anteriormente la Casa Consistorial, en el número 1 de la Plaza de la Constitución.  

El Sr. Aníbal presentó un adelanto del proyecto con las  necesidades planteadas por el Ayuntamiento que fue aprobado por el consistorio, por lo que se le comunicó que lo finalizara para empezar a gestionar la concesión de un préstamo para la construcción del nuevo edificio con la mayor urgencia posible.

El proyecto no se llevó a cabo y el Ayuntamiento se trasladó a la casa ede la calle Galán y García Hernández, 18.

Tuvieron que transcurrir varios años después de finalizar la Guerra Civil para que  Román Martínez Lorenzo, que era el alcalde de Hortaleza en el año 1943, presentara el día 31 de Enero a la junta municipal la adquisición de una casa situada en la Calle José Antonio número 3,- calle de la Taberna- para utilizarla  como Casa Consistorial, puesto que su  propietario  D. Eduardo Martín,  le había transmitido su deseo de venderla. La  idea, como en tantas otras veces,  fue bien acogida por el resto de los miembros de la Junta y por unanimidad acordaron autorizar la Alcalde para que siguiera las gestiones necesarias hasta la adquisición de la misma.  Pronto llegaron a un acuerdo y cerraron el trato en 31.000  pesetas con lo que la Corporación ponía solución a uno de los problemas que tenia en proyecto.

Se decidió arbitrar un presupuesto extraordinario  de 45.000 pesetas. Una parte del mismo se sustraería de las resultas del ejercicio del año pasado y el resto se le encargó al Secretario que preparase un expediente para solicitar un préstamo al Instituto Nacional de Previsión. Del importe de las  45.000 pesetas se pensaba dedicar 35.000 pesetas a los gastos de adquisición de la Casa Consistorial y 10.000 mil para los gastos que se originaran de ampliación del abastecimiento de aguas.

Tal como se acordó, una vez aprobadas las cuentas del año anterior, las existencias para el ejercicio de 1943 ascendían a 17.981 pesetas, de las cuales se destinarían quince mil para el pago de la Casa y el resto se debería cubrir con el préstamo.

La casa estaba situada en la Calle de la Taberna, número 5 duplicado, con una superficie de 164,38 metros cuadrados. Lindaba por la derecha entrando, al Mediodía, con casa de Doña Magdalena Aguado, por la izquierda, al Norte, con la casa número uno, también propiedad de la misma Doña Magdalena Aguado y por la espalda, Saliente con propiedad de D. Lucas Izquierdo. La escritura de compra se firmo el día 18 de Mayo de 1943 y fue otorgada por el Notario de Madrid D. Carlos Abraíra López.

En aquellos momentos el Ayuntamiento seguía instalado en la casa que tenía alquilada a D. Luís López Pando, en el Paseo de los Sagrados Corazones, 18 y decidió seguir por algún tiempo y mientras tanto poner la casa adquirida en alquiler, con la condición de que el arrendatario la abandonase tan pronto como fuera necesaria para su uso como Casa Consistorial.

Después de revisar el presupuesto y advertir que los ingresos previstos no alcanzarían las previsiones hechas tuvieron que solicitaron un crédito por 30.000 ptas. al Instituto Nacional de Previsión, con interés del 5,40 % y un plazo de amortización de 30 años, pagadero  en cantidades anuales de importe uniforme. La solicitud fue denegada por parte del Ministerio de Hacienda, lo que significaba que tenían que buscar otra vía de financiación para pagar la deuda contraída por la compra de la casa. En tanto se resolvía el asunto D. Nemesio González Ruiz, vecino de Hortaleza, presto la cantidad de quince mil pesetas sin interés alguno para que se pudiera atender el pago, con el compromiso de que se le devolvería una vez que se consignara en el presupuesto municipal.

En el año 1944 D. Luís López Pando, propietario de la casa donde estaba el Ayuntamiento les comunicó que necesitaba la casa para ocuparla con su familia. El Ayuntamiento solicitó un plazo de seis meses para poder cambiarse puesto que, no solo se trataba de realizar el traslado de los enseres del Ayuntamiento sino que  había de otorgarse un plazo razonable al inquilino Joaquín Ruiz que tenía alquilada la que había comprado.

Más de setenta años de peregrinaje del Ayuntamiento terminaban felizmente con la adquisición y ocupación de su propia Casa Consistorial. Precisamente cuando menos se necesitaba. La suerte del Pueblo y de su Ayuntamiento ya estaba echada y su anexión a Madrid era cosa de poco tiempo.

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