En 1872 el ayuntamiento de Hortaleza tenía unos fondos depositados en la Caja General de Depósitos, dependiente del Estado, que no se podían retirar sin la autorización correspondiente. En realidad, solo era posible disponer de los intereses, que se pagaban por periodos trimestrales.

La documentación estaba depositada en la oficina de Joaquin Bello, que era el apoderado del Ayuntamiento en la Capital, hasta allí se dirigieron el  alcalde Bonifacio Marques y Zacarías Santos, junto con el secretario del Ayuntamiento,  para recoger las inscripciones y las cartas de  pago de la Caja de Depósitos.

El importe de las inscripciones ascendía a 116.461 reales[1] y tenían una renta anual del 3%. También recogieron dos  resguardos de la Caja de Depósitos por importe de 58.424,56 reales y un recibo de la liquidación de la Caja General de Depósitos de 832,38 pesetas.  

Como el Ayuntamiento continuaba con su penuria económica, en el año 1882 se instruyó un expediente solicitando autorización para poder disponer de los fondos depositados en la Caja General de  Depósitos  y hacer frente a los dos  grandes proyectos que tenía el Ayuntamiento entre manos. Uno era la adquisición de la Casa Consistorial y el otro, el compromiso de pago del 20 % del importe de las obras de construcción  de la carretera de Hortaleza a Madrid.

Con enorme preocupación se recibió la noticia, en el mes de  Febrero de 1.883, de la devolución, por parte del Gobernador Civil de la provincia,  del expediente, con la indicación del Director General de Administración Local de los defectos que debían subsanarse.  

El plan del ayuntamiento de la adquisición de la Casa Consistorial podía ser  aplazable, pero el pago del 20 %, que se había comprometido, por el arreglo de la carretera de Madrid, no solo no era aplazable, sino que se hacía urgente su pago, puesto que las obras habían terminado y el Ayuntamiento se hallaba solemnemente comprometido con la Diputación Provincial y no contaba con otro recurso que no fuera el procedente de la Caja de Depósitos.

Así las cosas, el Ayuntamiento desistió en todo lo referente a la Casa Consistorial, y modifico la petición, incluyendo solo la autorización  para retirar de los fondos, la cantidad correspondiente al pago de las obras de la carretera.

Finalmente se recibió la autorización para retirar 2.103,45  pesetas, con destino al pago de las obras de la carretera de Hortaleza, que fueron retiradas por el secretario Juan Rubio.

También se recibió el importe del  cupo, que era otro de los temas en litigio, pendientes de revisión por la Comisión de Hacienda.

Con estos nuevos datos, y utilizando cuántos recursos ordinarios le eran permitidos por la legislación vigente, el Ayuntamiento procedió a modificar los presupuestos del año 1886, que aún así, presentaban un deficit de 2.600 pesetas. Por lo que el ayuntamiento tuvo que echar mano de los medios extraordinarios, que les permitía la normativa municipal. 

Se acordó proponer al Gobernador Civil  nuevos arbitrios sobre el consumo. Concretamente sobre la patata, sobre el consumo de paja y otros, relacionados con los materiales destinados a la edificación, siempre buscando la forma menos gravosa para el vecindario.

Aunque el vecindario no estuvo de acuerdo con el incremento de arbitrios, el Ayuntamiento tenía la obligación de presentar unos presupuestos debidamente nivelados para evitar posteriores devoluciones.

Una vez aprobadas las tarifas correspondientes a los nuevos tributos,  se instruyó el oportuno expediente y se remitió para su aprobación al Ministro de la Gobernación.

El presupuesto del año 1.887 también se presentó con un déficit de 2.875 pesetas. En esta ocasión, agotado el uso de recursos extraordinarios, el ayuntamiento se planteó recurrir a la derrama vecinal, como en anteriores ocasiones.

Descartada la derrama y agotadas las posibilidades a su alcance, El Ayuntamiento decidió  dirigirse al Gobernador Civil suplicándole que, en vista de que se carecían  de medios para atender las atenciones del municipio, se dignara ponerlo en conocimiento del Centro, o autoridad que le corresponda, para que fueran abonados  en metálico los intereses de bienes Propios, que se tenían retenidos por parte del Estado. En caso contrario se le solicitó al Gobernador Civil que tomara cartas en el asunto, y se dignara ordenar, lo  que estimara procedente, para salir de tal situación, que a todas luces les resultaba aflictiva y angustiosa. 

La incapacidad del Ayuntamiento con la generación de recursos y la postura del Gobernador Civil, respecto a los presupuestos, forzó al Ayuntamiento a repetir actuaciones anteriores. La única salida del Ayuntamiento, para ajustar el presupuesto, fue la eliminación de determinadas partidas, conociendo que estas decisiones, resultarían problemáticas mas adelante, puesto que existían compromisos adquiridos y, tarde o temprano, deberían satisfacerse.

Con estas decisiones de eliminar la consignación de partidas de gastos de los presupuestos, se entraba en un círculo vicioso. El Gobierno Civil reclamaba que los presupuestos se confeccionaran con déficit cero. Por otra parte, exigía al ayuntamiento la inclusión de todos los gastos comprometidos y su posterior pago.

Así ocurrió con las aportaciones carcelarias, que fueron reclamadas por el Alcalde de Colmenar Viejo, o con los atrasos del alquiler que se debían a D. Guillermo Ballester, que era el nuevo propietario de la  casa cuartel de la Guardia Civil.

La situación generada llevó al Ayuntamiento, en 1.889,  a plantearse decisiones de gran importancia para el pueblo, como fue, la de considerar la extinción del contrato de alquiler  de la Casa cuartel de la Guardia Civil y que las fuerzas abandonaran el pueblo.

En 1891 llegó a la alcaldía del pueblo, Julián Morales Martín, con el propósito y la intención de resolver la complicada situación económica del municipio. Se encontró con que el Gobernador Civil había devuelto el presupuesto de 1.891 haciendo una serie de recomendaciones que debían ser contestadas puntualmente por la Junta Municipal.

Una de ellas era el aumento del contingente provincial que satisfacían todos los municipios. El Gobierno Civil había establecido nuevos cupos a todos los ayuntamientos. A pesar de las queja generalizada de todos los municipios el Gobernador Civil los mantuvo. En el caso de Hortaleza el nuevo cupo se fijó en 1.758,8 pesetas.

Se volvieron a devolver los presupuestos de 1894, pero en esta ocasión con la advertencia del Gobernador de que si no se consignaban los gastos que, previamente, les había indicado se podría exigir la responsabilidad del alcalde por desobediencia.  Siguiendo la orden del Gobernador se incluyeron todos los gastos con lo que el presupuesto arrojó un deficit de 2.639,08 pesetas, por lo que solicitaron que el Gobernador Civil, como superior jerárquico de la Junta Municipal, fuera quien decidiera las acciones que deberían de ponerse en práctica para subsanar tal situación.

El Gobernador Civil ordenó que para cubrir el deficit se debería practicar un reparto vecinal. El Ayuntamiento, siguiendo la advertencia del Gobierno Civil, procedió, sin ni siquiera discutir el asunto, a aceptar el reparto vecinal, reservándose el derecho a plantear un recurso en alzada ante el Sr. Ministro.

[1] En el año 1868 España adoptó  como Unidad Monetaria la peseta, que se dividía en 4 reales. Estuvo vigente hasta 2002 en que se adoptó el Euro