El cambio de siglo no supuso una mejora importante para la economía de Hortaleza. Sin embargo, la presencia del alcalde Eduardo Núñez Marqués, en el Ayuntamiento, estaba permitiendo un cierto grado de recuperación económica.

A nivel nacional, la Restauración borbónica estaba dando síntomas de agotamiento. El Rey Alfonso XIII confabulaba a diario, provocando un incesante cambio en los puestos del gobierno.

Por otra parte, la presión de los nacionalistas, junto con la huelga general, promovida por los sindicatos obreros, y las movilizaciones de parte del ejército, eran problemas que se sucedían a diario.

El cambio constante en la presidencia del Gobierno de la nación, fue el detonante para que, el Capitán General de Cataluña se rebelara, en el mes de Septiembre de 1923 contra el Gobierno, derogando la Constitución y proclamando la creación de un Directorio Militar.

En Hortaleza, desde 1919, se había producido una preocupante  paralización de la vida municipal. El alcalde, José Aragoneses Molpeceres, no conseguía la asistencia de los concejales a las distintas convocatorias. El Ayuntamiento se encontraba paralizado y desatendidas todas las tareas de gobierno. Dentro de la corporación discrepaban en la forma de resolver los problemas municipales. La situación de caos existente provocó la destitución del alcalde y la apertura de un proceso para el nombramiento de una nueva Junta Municipal. 

Consecuente con la situación dictatorial del momento, la sesión fue presidida por Lorenzo Pérez Pineda, que era el Cabo Comandante del puesto de la Guardia Civil de Hortaleza, quien, con la ayuda del secretario y la asistencia de los  vocales de la Junta Municipal, procedió al nombramiento de nuevos concejales y a la elección del nuevo alcalde.  

Resultó elegido alcalde, Bernabé Morales, que había ocupado el puesto con anterioridad al nombramiento de José Aragoneses.  El nombramiento, y la toma de posesión de los  nuevos concejales, se produjo con la ausencia de los anteriores miembros de la Corporación.

El mismo día, se procedió al nombramiento de los vocales asociados. Curiosamente, entre los nuevos vocales, se encontraba el destituido alcalde D. José Aragoneses Molpeceres, lo que motivó la pregunta del, también, concejal,  D. Jesús Municio Pérez,  al resto de la corporación, de si era posible que, el alcalde destituido, pudiera ser nombrado vocal asociado. 

Una primeras decisiones que adoptó la  nueva Junta fue la de levantar un acta de la situación de la caja municipal y de los libros de contabilidad, con la intención de  delimitar posibles responsabilidades. 

La convivencia estaba tan deteriorada que, ni siquiera, la destitución del alcalde, calmó los ánimos de parte de los vecinos. Los conflictos entre los vecinos del pueblo se reflejaban en el incremento considerable del número de  denuncias que llegaron hasta el Ayuntamiento. Entre los vecinos se había producido un rechazo de la autoridad municipal.

Una muestra del ambiente reinante, en el que se ignoraba a los agentes de la autoridad, fue recogida en la carta que el  entonces concejal Jesús Municio presentó ante la propia Corporación:

“El Concejal que habla Jesús Municio propone al Municipio, y especialmente ruega al Sr. Alcalde, se procure poner coto a la constante difamación de que son victimas varios Agentes de la Autoridad, con desprestigio de ésta, y de los encargados de velar por el orden público,  me consta que injustamente se calumnia e injuria hasta por escrito a los guardas jurados Gumersindo y Ángel Peña y Matías Pérez y esto debe procurarse evitar, pues el desprestigio de esos Agentes puede acarrear, por la pasividad con que se tolera, serios males pues el Pueblo se va habituando a la difamación y al desorden.

Entre las denuncias que estaban llegando al Ayuntamiento, se encontraron las presentadas por  Ramón Olivares, contra Pedro Tobar, en las que se pretendía poner de manifiesto una usurpación de varios terrenos, incluidos en la Huerta de la Salud, y en otra, se detallaba que el Arroyo Valdebebas no pertenecía al Sr. Tobar. En base a la cual el Ayuntamiento adoptó una serie de acuerdos que culminarían con la reacción del Sr. Tobar en forma de demanda contra el Ayuntamiento.

La división interna de la corporación produjo, el último día del año 1923, la suspensión, en el cargo de concejal, de Jesús Municio, que estaba denunciado de prevaricación. También se produjo la sustitución de otros  tres  vocales que no podían atender el cargo debido a sus ocupaciones. Dejaron su puesto los señores: Valentín de Castro, Cipriano Molpeceres y Gumersindo Frutos y lo ocuparon Valentín Canora Martín, Marcelino de Castro y Román Martínez Lorenzo.

Pocos meses más tarde, exactamente el día 17 de Abril de de 1924, tuvo lugar la reacción a la suspensión de Jesus Municio. El Gobernador Civil envió una carta al Ayuntamiento en la que mandaba reponer en su puesto al concejal Jesús Municio. La misiva significó una contrariedad para La Junta Municipal que entendió que la decisión del Gobernador no era apropiada, por lo que presentaron recurso de Alzada, contra su resolución, ante el Ministro de la Gobernación.

La situación del Ayuntamiento se había vuelto insostenible. La división de los concejales ya era tan significativa que la mitad de ellos dejó de asistir a las sesiones.

Gobernador Civil, tomó cartas en el asunto y, el día primero de Mayo de 1924, se presentó en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Hortaleza, acompañado por Pedro Tobar.

Si la visita resultó inesperada para la Corporación, mucho más lo fue el contenido de la misma. El Gobernador le comunicó al Alcalde, Bernabé Morales, que el Ayuntamiento debía dimitir en pleno de forma voluntaria, dándoles un plazo de 48 horas para que fuera cumplida dicha orden.

A juzgar por la reacción del Gobernador Civil, la presentación del Recurso de Alzada ante el Ministro de la Gobernación, por parte del alcalde, fue el determinante de su visita a Hortaleza.

La Corporación municipal, en vista de que no  les quedaba otra alternativa, cumplieron con el plazo que se les había exigido y presentaron la dimisión el día  2 de mayo de 1924.

El día 5 de junio se celebró una sesión extraordinaria para constituir el Ayuntamiento del que formarían parte los concejales nombrados por el Gobernador Civil y que resultaron ser: Calixto García Sanz, Zacarías Gil Acevedo, Andrés Obispo López, Gregorio  Bris Sanz, Juan Rufo y Rufo y Eusebio Sánchez García. La sesión la presidió D. Calixto García por ser  el Concejal de mayor edad.

Resultó elegido nuevo alcalde Zacarías Gil Acevedo y los Tenientes de Alcalde, Andrés Obispo López y Gregorio Bris Sanz. El nuevo alcalde era, a su vez, el maestro del pueblo.

Los tiempos que corrían en el Ayuntamiento de Hortaleza no eran nada positivos.

Se había denunciado a concejales, destituido a Alcaldes, pedido la dimisión de la Corporación, los secretarios municipales cambiaban con demasiada frecuencia. Las cuentas liquidadas algunos secretarios no habían resultado satisfactorias para la Junta Municipal.

Con la destitución de la anterior Junta habían quedado, encima de la mesa, muchos problemas que ahora deberían ser afrontados por la nueva Corporación que llegaba con el propósito de cambiar el rumbo de los acontecimientos, sobre todo, a la hora de resolver  los expedientes que estaban abiertos y, de manera prioritaria,  sobre el tema de la denuncia del Sr. Tobar a la Corporación, en relación a la propiedad del Arroyo Valdebebas. 

Más de una docena de casos estaban pendientes de resolución. Poco a poco se fueron resolviendo evitando la beligerancia en aquellos temas que no eran de su competencia y, en otros casos, con una visión práctica de los conflictos.

En Setiembre de 1920 se había promulgado un Real Decreto que suprimía el impuesto de Consumo. Este impuesto representaba una parte importante de los ingresos municipales. Para minimizar el impacto de su supresión, el 1º de julio de 1924, que era la fecha de entrada en vigor, la normativa permitía a las Corporaciones, su sustitución  por otro, sobre Carruajes de Lujo y daba la opción, de incrementar los porcentajes de alguno de los tributos actuales.

Ya en 1924, ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto, el alcalde, D. Zacarías Gil Acevedo, planteó al Pleno del Ayuntamiento, la creación de nuevos arbitrios, que afectaran de la menor manera posible al vecindario y estuvieran de acuerdo a la legislación vigente.

El presupuesto de gastos en ese año se situaba en torno a las 20.000 pesetas.

Se adoptó gravar las siguientes actividades:

TENENCIA DE PERROS: 3 pesetas por cada uno.

GUARDERIA RURAL: a repartir entre los terratenientes para cubrir el importe de los haberes de  los guardas jurados.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD: 10 % a partir del 1º de Julio. La recaudación la debería hacer la Compañía Madrileña de Urbanización, quien debería liquidar posteriormente con el Ayuntamiento.

BEBIDAS ESPIRITUOSAS, ESPUMOSAS, Y ALCOHOLES (por el consumo local): Vinos  naturales = 4 céntimos/litro.

Cerveza= 3 céntimos/l.

Alcoholes, Aguardientes y licores = 5 céntimos/l.

CARNES FRESCAS Y SALADAS: La base se establecía por unidad y en Kg. (reses o pieza y para los despojos).

Esta reforma tributaria se estableció inicialmente para un periodo de 5 años.

Los nuevos tributos tampoco resultaron suficientes para resolver el problema económico municipal.

Se promulgaron nuevas ordenanzas municipales y se aprovechó la ocasión para reformar algunas de las existentes, como la obligación de obtener licencia para determinadas actividades, Entre ellas la quema de ladrillos; la entrada de carruajes en los edificios particulares;  la saca de arenas y otros materiales en terrenos de dominio público. La más significativa afectó al rodaje, o arrastre, de vehículos por vías municipales, estableciéndose el importe de 7,5 pesetas para los carros grandes, en lugar de las 5 pesetas que se cobraban en ese momento, y  de 5 pesetas para los carros pequeños, en lugar de las 2,50 pesetas anteriores.

Al final la situación que se vivía en Hortaleza terminó afectando a los miembros de la  propia Corporación. El primero en presentar su dimisión fue Andrés Obispo, aunque no fue aceptada por la Corporación. Pocos meses después fue Calixto Garcia quien la presentó debido a lo avanzado de su edad.

Pero no fueron los únicos que mostraban su interés por dejar su cargo en el Ayuntamiento, el  día 9 de  Febrero de 1925, aprovechando otra visita, del Delegado Gubernativo, el alcalde, Zacarías Gil Acevedo presentó su dimisión “con carácter irrevocable por ser de todo punto imposible seguir desempeñando el cargo de alcalde, al tener que atender a sus deberes profesionales como maestro nacional de la localidad”. La dimisión fue aceptada y se procedió a nombrar un nuevo alcalde, nombramiento que recayó, por unanimidad, en la persona del 1º Teniente  de alcalde,  D. Andrés Obispo López.

D. Zacarías, también presentó su dimisión como concejal, pero aunque fue aceptada por unanimidad por la Corporación, el delegado gubernativo, hizo “su trabajo” para que el Sr. Gil Acevedo, primero, retirara su dimisión como concejal, y continuara, dentro de la Corporación, aunque fuera solo como tal.  Siguiendo la recomendación de la superioridad gubernativa se aprobó la “rehabilitación” cómo concejal de D. Zacarías Gil.

Se recompuso la Junta municipal permanente nombrando primer teniente de alcalde a Gregorio Brís y segundo teniente de alcalde a Calixto García Sanz. Suplentes de los tenientes de Alcalde, para casos de enfermedad o ausencia, se nombraron a Juan Rufo y a Eusebio Sánchez García. Como concejales, quedaron  Emilio Niella y  Zacarías Gil Acevedo. Se nombró depositario de los fondos municipales a D. Jesús Municio Pérez.

Se produjo la dimisión de Inocente Ballesteros, por lo que se acordó nombrar, por unanimidad, a  Zacarías Abad Blázquez, guarda Jurado, para que, a partir del  día 5 de Mayo, empezará  la vigilancia de los campos, tal como obligaba el arbitrio de Guardería Rural.

La necesidad de recaudar impuestos llevó al Ayuntamiento, en pleno, a revisar la situación de cada una de las industrias del pueblo. Se requirió al dueño del “Bar el Jardinillo”, a Juan Aragonés por su taberna y a Eusebio Sánchez, por la suya,  para el pago de 400 pesetas anuales. Por el baile de la Callejuela se cobraban 5 pesetas mensuales.

La existencia de un solo partido político reconocido, La Unión Patriótica,  cuya pertenencia resultaba, prácticamente, obligatoria para todos los componentes de las Corporaciones locales, dejaba muy a las claras cual debería ser la actuación de los ayuntamientos.  

Así, el final del año 1925, estuvo lleno de actos de agradecimiento y homenaje para el presidente del Gobierno, por parte de todos los ayuntamientos de España,que de forma obligada, tuvieron que adherirse a ellos.

En Hortaleza, se nombró hijo adoptivo del pueblo de Hortaleza a D. Miguel Primo de Rivera, Marques de Estella, con  “la aportación de una cuota para engrosar la suscripción que todos los Ayuntamientos de España han de hacer a fin de costear entre los mismos las insignias y placas otorgadas por su S. M.  El Rey, al Excmo. Sr. Gral. Primo de Rivera”.

En el año 1926 se continuó con los nombramientos y agradecimientos,  en esta ocasión se trató de D. Manuel de Semprún y Pombo, Gobernador Civil de la provincia, a quien se le nombró hijo adoptivo del pueblo  y se contribuyó con 25 pesetas al homenaje que se le realizó.

Ante la penuria económica el Ayuntamiento se resistía a financiarse a través de prestamos de particulares. Sin embargo, las  necesidades eran cada vez más urgentes y obligaban al Consistorio a hacer lo que fuera para poder abordarlas.

A la dimisión presentada por Calixto García el año anterior, se uniría la de Emilio Niella Luna, que fueron sustituidos por   D. Federico Núñez Pérez, D. Nemesio Santos López y D. Juan Aragoneses  Barceló.

Por si eran pocos los problemas habituales del Ayuntamiento, vino a sumarse otro más, al serle reclamado, por parte del Juzgado de Colmenar Viejo, la cantidad de 1.773,23 pesetas en relación al juicio que se había celebrado contra D. Pedro Tobar, cuya sentencia resultó contraria a la posición municipal.

Los presupuestos de 1927 no se pudieron aprobar por lo que se prorrogaron los del ejercicio de 1926.

Ante la precariedad de la situación  se indicó al apoderado, D. Gabriel de Aristizabal, para que, en nombre del Ayuntamiento, solicitara un préstamo de mil pesetas para poder salvar la difícil situación económica, mientras el Estado resolvía el pago de las 3.500 pesetas que la Administración del Estado debía al pueblo de Hortaleza.

A primeros de Septiembre de 1927,  también presentó su dimisión el Alcalde, D. Andrés Obispo. La razón alegada para la dimisión fue  su estado de salud, por lo que la Corporación la aceptó, por unanimidad. En su despedida, la Corporación municipal, acordó la concesión de un voto de gracias, a Andres Obispo, por el interés, tacto e inteligencia, mostrada durante su actuación al frente de la alcaldía, así como lamentando su separación del Concejo.

Seguidamente se procedió a la elección de nuevo alcalde, resultando elegido  D. Federico Núñez Pérez y primer Teniente  de Alcalde D. Trifón Sánchez Casanova.

El resto del Ayuntamiento lo formaban: Zacarías Gil Acevedo, Juan Aragoneses Barceló, Nemesio Santos López, Eusebio Sánchez García, Juan Rufo,  y Loreto Serna Esteban. 

También se nombró Depositario de los Fondos municipales a Guillermo Obispo López.

 A primeros del mes de Septiembre de 1928, el Ayuntamiento decidió pedir otro préstamo de 300 pesetas, en esta ocasión a D. Pedro Tobar,  con el compromiso de reintegrárselo cuando se  recaudaran los arbitrios municipales del 4º trimestre.  Así se hizo a finales del mes de Noviembre.

Un asunto que vino a paliar, parte del agobio económico, fue el cobro de la licencia a los Padres Paules por la ampliación del convento, que no se había resuelto por falta de datos para practicar la liquidación. Después de que el arquitecto municipal facilitara y revisara el informe oportuno, el 8 de junio, se cobró la cantidad de 10.424,61 pesetas, en la que estaba incluida una multa del 500 %, que había sido impuesta por el Ayuntamiento.  

Con el dinero en su poder, el Ayuntamiento abrió una cuenta corriente en el Banco de España, en la que se ingresaron 10.000 pesetas.

Transcurría el ocaso del primer cuarto del siglo XX, las cosas en el terreno político andaban revueltas. Tanto el Rey D. Alfonso XIII, como el presidente del Gobierno, el general Primo de Rivera, habían perdido los papeles de la gobernabilidad del país. El movimiento social era cada vez más agitado. Los diferentes grupos políticos veían cada vez mas cerca el fin de una dictadura que, después de seis años en el poder, no había conseguido mejorar la situación política. Los movimientos revolucionarios tenían sus ojos puestos en la revolución bolchevique y pretendían hacer en España lo mismo que había tenido lugar en Rusia quince años atrás.

El año 1930 comenzó con un Decreto del gobierno de S. M. Alfonso XIII, por el que quedaban suspendidos todos los compromisos de carácter económico, extraordinarios. El general Primo de Rivera, se exilió en Paris encontrándose en un estado de salud muy crítico. Esta situación le confería al  Rey una última oportunidad de participar en la vida política del país.

El 15 de Febrero de 1930, siendo alcalde de Hortaleza Federico Nuñez, se promulgó un Real Decreto en el que se establecía el cese de  todos los Alcaldes y Tenientes de Alcalde de la nación, con la intención de crear una Comisión Permanente formada por los mayores contribuyentes y por concejales de años anteriores.

El día 25 de Febrero de 1930, tuvo lugar el cese de la corporación municipal de Hortaleza y, al día siguiente, se realizó nombramiento de la nueva Junta Municipal.

El número de concejales que debían conformar el Ayuntamiento, era de ocho y, en cumplimiento de lo que establecía el Real Decreto, del día 15 de Febrero, los nuevos concejales se elegirán siguiendo el siguiente criterio: cinco,  en representación de los mayores contribuyentes del pueblo, y los tres restantes, entre las personas que hubieran sido concejales del Ayuntamiento con anterioridad.

Por parte de los mayores contribuyentes resultaron elegidos las siguientes personas: Jesús Municio Pérez, como heredero de su madre Catalina Pérez, Maria Frutos Martín, Federico Núñez Pérez, como heredero de su padre D. Eduardo Núñez, Magdalena Aguado Martín y Saturnino Plaza García. Por parte de los ex concejales: Carlos García Flores que lo había sido en 1917 y 1919, Roque Morales de la Fuente, que lo fue en 1917,  1919 y 1922 y José Rodríguez Ortega que lo fue en 1917, 1919 y 1922.

Resultó elegido alcalde Saturnino Plaza García.  Para la elección del primer Teniente de Alcalde se produjo el empate, en dos votaciones sucesivas, entre Federico Núñez y Carlos García. Se decidió el desempate en base al de mayor edad, correspondiéndole a Carlos García. Como segundo Teniente de Alcalde fue elegido Federico Núñez.

Ante las muchas las necesidades, pronto  se empezaron a sacar cantidades de dinero de la cuenta del Banco de España.  Primero fueron 3.000 pesetas, para acometer obras y dar ocupación a los obreros que estaban en paro en el pueblo.

Conforme avanzaba el año los acontecimientos políticos iban incrementando su frecuencia y su intensidad. Con la reticencia de alguno de los vecinos pero con la insistencia de la mayoría, se celebraron las fiestas en honor de la Virgen de la Soledad.

En  Julio de 1931, con la II República declarada, las gestiones que se estaban realizando para la obtención de un crédito con el Banco de Crédito Local resultaron fallidas. No así las llevadas a cabo con el Instituto Nacional de Previsión, que con la intermediación de la Diputación Provincial, concedió un préstamo por un importe de 10.000 pesetas.

El problema del paro era cada vez más acusado, por lo que parte del dinero se aprovechó para la construcción de las escuelas, y así, poder dar ocupación, a los obreros del pueblo en su construcción.

A finales de Octubre de 1931  se sacaron otras 1.425 pesetas, que se destinaron a ultimar los detalles del lavadero.

En 1.933 ya se habían gastado 8.649,50 pesetas del préstamo y, en 1.934, prácticamente se había agotado el préstamo concedido. El total de lo gastado ascendía a 9.677,85 pesetas.

Las cuentas de los años 1924 hasta 1932, estaban aprobadas provisionalmente. En 1934, el alcalde, Andrés Molpeceres Barceló,  con el propósito de aprobarlas definitivamente convocó una sesión para el día 24 de Agosto, en la que quedaron aprobadas definitivamente.