Transcurrieron más de siete días, desde la finalización de la contienda, hasta que se procedió al nombramiento de una Comisión Gestora del Ayuntamiento.
El Alcalde accidental, D. José Palacios Camino, recibió órdenes del Capitán de la Compañía de la Guardia Civil de Fuencarral, de convocar a los siguientes vecinos, que debían formar parte de la Comisión Gestora: Celestino Abad Blázquez, en concepto de Alcalde-Presidente, Ángel Álvarez Herránz, Julián López Frutos, Federico Núñez Pérez, Román Martínez Lorenzo, Arturo Alonso Rodríguez, Nicasio Fernández Ballesteros, Zacarías Abad Blázquez y Guillermo Plaza Aylagas.
Una vez constituida la Comisión Gestora, la designación de cargos quedó como sigue:
Alcalde: Celestino Abad Blázquez
1º. Teniente de Alcalde: Ángel Álvarez Herranz.
2º Teniente de Alcalde: Julián López Frutos.
Regidor Jurídico: Román Martínez Lorenzo.
Cómo depositario de las cuentas municipales fue elegido Ángel Álvarez Herranz.
El orden de los regidores quedó como sigue:
- Román Martínez Lorenzo
- Guillermo Plaza Aylagas
- Federico Núñez Pérez
- Nicasio Fernández Ballesteros
- Zacarías Abad Blázquez
- Arturo Alonso Rodríguez
Se constituyeron cinco Comisiones, establecidas de la siguiente manera:
Hacienda Presupuestos y Obras Públicas: Guillermo Plaza Aylagas y Federico Núñez Pérez.
Abastecimientos: Nicasio Fernández Ballesteros y Federico Núñez Pérez
Seguridad y Auxilio Social: Ángel Álvarez Herranz y Román Martínez Lorenzo
Cultura y Propaganda: Julián López Frutos y Arturo Alonso Rodríguez.
Orden Público y Policía Urbana y Rural: Zacarías Abad Blázquez y Guillermo Plaza Aylagas.
Los primeros acuerdos de la Comisión Gestora fueron dirigidos al restablecimiento de la vida civil en el pueblo. Además de agradecer el trabajo realizado por el Cabo Comandante de la Guardia Civil D. José Palacios Camino, se publicaron bandos comunicando al vecindario la entrega de toda clase de armas.
Se ordenó y montó un servicio de guardia para el aseguramiento del Orden Publico, tratando de evitar los posibles saqueos por parte de las fuerzas que aún quedaban en los cuarteles de los conventos de las Monjas y los Frailes. Se procedió a la recuperación de todas las armas y granadas abandonadas en los cuarteles, quedando todo ello convenientemente custodiado.
En la sesión del día 13 de Abril se acordó que la rotulación de las calles y plazas pasase a la Comisión correspondiente para que, cuanto antes, quedara hecha la designación procedente y fuera aprobada en la próxima sesión ordinaria.
El Alcalde y el Secretario quedaron comisionados para gestionar ante la Jefatura de Organización de la Vida Civil, el nombramiento de los cargos del Juzgado municipal, que habían estado desempeñados por elementos de los Comités Locales.
Mientras llegaba la resolución por parte de la autoridad competente, se acordó que se hiciera cargo del juzgado Don Saturnino Plaza García y el Secretario habilitado, que lo fuera, también, el del Ayuntamiento.
También se acordó realizar las gestiones con la Compañía Telefónica para el traslado del teléfono a la casa de Josefa Morales Álvarez, viuda de Nemesio Santos, a su casa de la calle Cervantes, 5.
Efectivamente en la siguiente sesión se aprobó la nueva rotulación de las calles y plazas del pueblo, quedando de la siguiente manera:
Avenida de Galán y García Hernández -> Paseo del Sagrado Corazón.
Plaza de González Peña -> Plaza de la Iglesia.
Calle Castelar -> Calle del General Sanjurjo.
Calle de la Juventud -> Calle de José Antonio.
Plaza de la Constitución -> Plaza del Generalísimo.
Calle Luís de Tapia -> Calle Ruiz de Alda
Calle Ramón y Cajal -> Calle de Calvo Sotelo
Calle de Ferrer -> Calle del General Mola.
Calle de Burgos Baja -> General Moscardó
Calle de la Libertad -> Calle de la Liberación.
Plaza del 14 de Abril -> Plaza de la Fuente.
Calle de Marina Pineda -> Calle de las Norias.
La nueva denominación de las calles se hizo de acuerdo a las normas que se habían establecido en la anterior sesión del día 13 de Abril de 1938, en la que se regulaban los cambios de nombres de calles y plazas. Una vez aprobada por parte del Ayuntamiento, se comunicó al Gobierno Civil para que autorizara el cambio.
El día 25 de Mayo de 1939 se recibió la respuesta del Gobierno Civil manifestando su acuerdo con todos los cambios propuestos excepto, el del la Calle Ramón y Cajal por la Calle de Calvo Sotelo, que debía mantenerse el nombre del prestigioso médico. La Comisión Gestora decidió por unanimidad cambiar el nombre de la Plaza de la Rusia por el de Plaza de Calvo Sotelo.
La Comisión Gestora continuó tomando acuerdos en otras cuestiones de menor trascendencia, como fue la de publicar la plaza vacante del Inspector Veterinario y nombrar encargada del Lavadero Municipal a la vecina Maria Serna Esteban, concediéndola la participación del 50 % de los cobros.
El secretario, Tomás Fernández dejo su puesto a D. Felipe Rodríguez Valencia.
Una vez finalizada la Guerra, se tenían que recuperar todas las tareas que habían quedado abandonadas a consecuencia de la confrontación. El trabajo en el campo era una de las más acuciantes. En este sentido, se creó la Comisión de Recuperación Agrícola compuesta por Jesús Hervás, que era práctico del campo, por Celedonio Álvarez Herranz y por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Rodríguez Valencia.
El miedo del primer Alcalde
El Alcalde, Celestino Abad Blázquez, que ya había dado muestras de su incomodidad en el cargo, con ocasión de una de la primeras reuniones de la Comisión, se dirigió a todos los vocales para resaltar la importancia que tenía el trabajo que debían de realizar, así como, la asunción de las responsabilidades correspondientes, ya que la Presidencia no podía asumir otras tareas adicionales a las que ya tiene asignadas, por lo que, hacía constar, la delimitación de toda responsabilidad, tanto moral como material, por las decisiones que se debieran adoptar, en las respectivas Comisiones.
Es de comprender su preocupación en momentos tan difíciles e importantes, y que quisiera poner de manifiesto la responsabilidad de los diferentes vocales de las Comisiones en sus actuaciones. Sin embargo, lo que parecía una concienciación del Alcalde, a su equipo de Gobierno, fue interpretado como una actitud temerosa de la que se desprendía una falta de liderazgo tan necesaria en esos momentos.
Lo manifestado por el Alcalde no fue bien acogida por el resto de los componentes de la Comisión Gestora. Lo que se había puesto de manifiesto por, parte del Alcalde, era una ausencia de motivación e ilusión para llevar a cabo las tareas que en esa situación debían emprenderse, desde el Ayuntamiento.
La reacción del Alcalde no se hizo esperar y el día 25 de Mayo presentó, de palabra, su dimisión como Alcalde, aunque manifestó su decisión de continuar como vocal de la Comisión. La dimisión fue aceptada y , sin discusión, y nombraron, por unanimidad, a su sucesor en la persona de Ángel Álvarez Herránz.
Para sustituir a Ángel Álvarez como primer teniente de Alcalde, se nombró a Román Martínez Lorenzo, manteniéndose al segundo teniente de alcalde y al resto de los vocales con la excepción de Celestino Abad, que pasó a ser el primer vocal de la Comisión Gestora.
En busca de la recuperación económica
Todas las armas que se habían recuperado, bien porque fueran entregadas por los vecinos, o las abandonas por las tropas del Frente Popular, se encontraban custodiadas en el polvorín que existía en el Camino del Olivar.
Para su custodia se acordó constituir tres turnos, por los que se pagarían 6 pesetas diarias, por una jornada de 8 horas de vigilancia. En el Ayuntamiento no había presupuesto, ni dinero, por lo que se recurrió a que sus salarios fueron pagados mediante una suscripción pública obligatoria.
Como era de esperar, la medida resultó, además de impopular, imposible de soportar para la inmensa mayoría de las familias. Tan solo unos pocos vecinos podían costearla, resultando insuficiente para el conjunto de los pagos. El Ayuntamiento tuvo que dejarla sin efecto, liquidando los pagos a los vigilantes con las cantidades que estaban pendientes de cobro.
La cuestión que requería más urgencia para su actualización, era la situación económica del Ayuntamiento. Con fecha 26 de Julio se retiró del Ayuntamiento todo el Papel Moneda que se había puesto en circulación durante la república, concretamente se depositó, en el Banco de España, la cantidad de 79.168 pesetas de la Caja Municipal.
Del ingreso del dinero no había resguardo en las dependencias del Ayuntamiento, por lo que se solicitó al Banco de España que emitiera el certificado correspondientes para constancia en la Caja Municipal a los efectos oportunos.
En las 79.168 pesetas que se depositaron estaban incluidas la suma de 1.361,75 pesetas que estaban bloqueadas, procedentes del legado de Doña Luisa Aguado, 5.323 pesetas, del servicio del Posíto Municipal y 57.370 pesetas, que el Ayuntamiento incautó al término de la Guerra, de la Colectividad de Campesinos.
El cobro de los tributos prácticamente había desaparecido y con ellos la principal fuente de ingresos del municipio. En el mes de Junio del 1939 los recursos municipales eran escasos y resultaba absolutamente necesario poner en marcha de nuevo unos presupuestos que dotaran la gestión municipal de los medios necesarios para la reconstrucción del municipio.
El presupuesto que estaba en vigor era el que había confeccionado el Comité Local recientemente destituido, que fue anulado y, en su sustitución, se acordó prorrogar el del año 1936. Como ya estaba avanzado el año, sólo se prorrogaron tres trimestres, es decir, desde el primero de Abril hasta final de año. De igual manera quedaron prorrogadas las ordenanzas y tarifas que regían en 1936.
Mientras tanto, eran muchas las instancias y reclamaciones que llegaban al Ayuntamiento en petición de los pagos pendientes. Por una parte, los vaqueros solicitaban del Ayuntamiento el pago de las deudas por la leche suministrada.
De otra, las maestras y maestros reclamaron el pago, en concepto de casa, de los meses que iban transcurridos del año y que no habían sido satisfechos.
Si los temas económicos eran urgentes, tanto más era la tarea de organizar el trabajo en el pueblo. Para ello se puso en funcionamiento el Registro de Colocación Obrera, con la dotación inicial del Ayuntamiento de 200 pesetas.
Desde el punto de vista de los ingresos municipales se trataba de encontrar cualquier camino que pudiera reportar alguna cantidad a las exiguas arcas municipales. Se subarrendó parte de la planta baja de la Casa Consistorial, cuyas habitaciones daban al jardín, al Teniente de Automovilismo, Inocente Martín Gómez, por 35 pesetas mensuales. El resto de la planta baja, o sea la habitación grande que tenía dos balcones a la calle, también se arrendó a FET y de las J.O.N.S, en la cantidad de 15 pesetas.
Se decidió cobrar a las personas que tenían muebles guardados en las dependencias del Ayuntamiento, por las habitaciones que habían ocupado, acordándose cobrar 50 pesetas a las Monjas de la Sagrada Familia y 25 pesetas a los demás.
Se acordó establecer unas Cartillas para llevar el control del abastecimiento de la población civil. Se confeccionaron dos modelos de cartillas, que fueron presentados al Pleno de la Comisión: una tenía validez mensual y la otra trimestral. Fue elegida la trimestral.
Era necesario preparar, y aprobar, el presupuesto económico para el próximo año en el que tenían que incluirse muchas modificaciones. En relación al personal, se revisó el sueldo del Secretario, en el que se incluía la obligación del suministro del material para secretaría, se actualizó el del Alguacil; se hicieron las previsiones para los trabajadores temporeros; se reconoció un trienio para el médico titular y se hizo una consignación de 2.000 pesetas para el pago de un inspector veterinario.
En todo lo referente a los tributos, se incluyeron nuevos impuestos, en compensación de otros que tendían a desaparecer o, habían disminuido considerablemente su importancia para las arcas municipales. Se creó el arbitrio sobre los Productos de la Tierra y su complementario, por Utilidad de la Industria, el Comercio, las Profesiones y los Jornales.
Se suprimieron los arbitrios por suministro de agua de la fuente pública, por la entrada de carruajes en cocheras particulares, y el de tránsito de ganado de labor, por la vía pública.
La renovación de la Comisión Gestora
La Comisión Gestora, que se había nombrado de forma provisional en el mes de Abril, debía ser constituida definitivamente. Para ello el Gobernador Civil de la provincia remitió, el día 3 de Agosto de 1939, un oficio que establecía la composición definitiva de la misma.
Se nombraba, nuevamente, Alcalde Presidente a Celestino Abad Blázquez y se excluía de la misma a su hermano Zacarías Abad Blázquez. El resto de los vocales de la Comisión Gestora eran confirmados, respecto del nombramiento provisional del día 5 de Abril.
Durante la sesión de toma de posesión, que se celebró el día 11 de Agosto, Celestino Abad Blázquez volvió a dejar constancia de su deseo de no desempeñar el cargo. En una actitud parecida a la que adoptó cuando fue nombrado presidente de la Comisión Gestora, manifestó que, por no disponer de medios de vida propios, le era imprescindible estar ausente de la alcaldía la mayor parte del tiempo. Lo sorprendente del caso, es la reiteración del Gobernador para insistir en un nombramiento que había sido rechazado con anterioridad.
De igual manera, el vocal Guillermo Plaza Aylagas, hizo constar que el cargo que ostentaba como jefe local de la FET. y de las J.O.N.S, no le permitía atender el nombramiento de vocal de la Comisión alegando, además, que en el pueblo existían personas que ya habían sido vocales y, según su criterio, su nombramiento seria más beneficioso para el mismo.
A pesar de las manifestaciones de ambos, se dio cumplimiento a la orden del Gobernador Civil y se confirmaron sus nombramientos.
Se ratificaron los dos tenientes de alcalde que fueron elegidos en la reunión del mes de Abril y se reajustaron los gestores que componían las diferentes comisiones.
A finales del mes de Agosto de 1939, presentó su dimisión, verbalmente, Ángel Álvarez Herranz, debido a su estado de salud. La Comisión le indicó que la dimisión debía presentarla a través de una instancia, para que pudiera ser remitida al Gobernador Civil para que obrara según procediera.
El 29 de Octubre de 1939, se recibió la comunicación del Gobernador Civil aceptando la anunciada dimisión de Celestino Abad y de Guillermo Plaza y, en el mismo oficio, se nombró a Federico Núñez Pérez como Alcalde y a Celedónio de Castro Clemente y a Tiburcio García Alonso como nuevos gestores.
Con efectos del primero de Marzo de 1940, el Gobernador civil volvió a nombrar nuevos gestores a los siguientes vecinos: D. Agustín Calvo Pérez, D. Celestino Abad Blázquez, D. Mariano Morales, D. Bonifacio de la Morena y D. Zacarías Abad Blázquez y se nombraba nuevamente alcalde al que lo era en ese momento, D. Federico Núñez Pérez.
De los nuevos nombramientos, el mas significativo, fue el de D. Agustín Calvo, que era el médico del pueblo y responsable de la Beneficencia municipal. El cargo de gestor de la Comisión era incompatible con su cargo de empleado municipal, por el que estaba percibiendo unos haberes procedentes del municipio.
El Secretario, después de informar al resto de los miembros de la Comisión Gestora, de la incompatibilidad del nombramiento, dejó constancia del mismo para que se obrara en consecuencia. Por su parte D. Agustín no tenía ningún interés en aceptar el nombramiento, si ello le podía acarrear alguna complicación para el desempeño de sus tareas como médico. Cómo la orden había llegado del Gobernador Civil se acordó, por unanimidad, solicitar del Gobernador que eximiera al mencionado D. Agustín de tal incompatibilidad y que pudiera ejercer su cargo dentro de la Comisión.
Se nombró depositario de los fondos municipales a Mariano Morales de la Fuente.
El 19 de Agosto de 1940 fue destituido el Alcalde Federico Núñez y sustituido, provisionalmente, por Román Martínez, que permanecería al frente del la Comisión hasta el día 16 de Noviembre de 1943, en que el Gobernador Civil mandó una nueva comunicación a la Junta Gestora, indicándoles que se debía proceder a la renovación parcial de la Comisión del Ayuntamiento, ordenando el cese del Alcalde D. Román Martínez Lorenzo y su sustitución por Guillermo Plaza Aylagas, así como la incorporación de un nuevo vocal en la Comisión, en la persona de D. Andrés Colino Serrano. El resto de los gestores continuaban en sus respectivos cargos
En 1944, las diferentes comisiones municipales quedaron constituidas de la siguiente manera:
Hacienda y Presupuestos: Agustín Calvo y Celestino Abad.
Obras Públicas: Mariano Morales de la Fuente y Zacarías Abad Blázquez.
Policía Urbana y Rural: Mariano Morales de la Fuente y Zacarías Abad Blázquez.
Vigilancia y Seguridad: Andrés Colino Serrano y Bonifacio de la Morena Cañas.
Abastecimientos: Guillermo Plaza Aylagas.
Beneficencia y Sanidad: Agustín Calvo Pérez.
Planes para la recuperación
Al margen de los temas políticos, el principal objetivo era la recuperación de la economía nacional. El Estado trataba de encontrar los medios que permitieran sacar adelante al país de la situación en la que se encontraba.
El Gobierno Civil pretendía reducir el número de secretarios a través de la unificación de los municipios que reunieran determinadas condiciones. La Ley, promulgada el 14 de diciembre de 1939, establecía una condición dirigida a los Ayuntamientos con un pequeño presupuesto, de tal manera que, si el sueldo del secretario, suponía más del 20 % del presupuesto de ingresos municipales, permitía al ayuntamiento compartir secretario, con otro ayuntamiento de iguales, o parecidas circunstancias.
También podían unificarse, siempre a los solos efectos de compartir secretario, todos aquellos que, después de la unificación, la suma de habitantes no excediera de 2000.
El Gobernador Civil se dirigió a la Comisión Gestora de Hortaleza para proponerles la unificación del secretario con el municipio de Canillas. La Corporación no vio con agrado tal propuesta e informó desfavorablemente al Gobernador sobre tal agrupación.
La Inspección Provincial de Falange envió al ayuntamiento de Hortaleza, un oficio solicitando se le informara acerca de las obras que se necesitaban realizar en el pueblo al objeto de mitigar el paro obrero.
Después de revisadas las necesidades, que seguían siendo las mismas desde el siglo pasado, se acordó, por unanimidad, solicitar la realización de las siguientes obras:
- Un matadero municipal en el sitio de la Charca Juana cuyo coste se calcula en 15.000 pesetas.
- La construcción de una Casa Consistorial en el solar del Ayuntamiento de la Plaza del Generalísimo por 30.000 ptas.
- Un Grupo escolar, que llevara el nombre de “José Antonio”, para tres secciones graduadas, cuyo coste se calcula en 40.000 pesetas.
- Casa Vivienda para seis maestros por un coste de 30.000 pesetas.
Era la misma cantinela de siempre. Desde el siglo anterior seguían pendientes los mismos problemas. Ni con la Primera República, ni durante la Restauración, ni en la Dictadura de Primo de Rivera, ni en la II Republica, ni en la Guerra Civil, con ninguno de los diferentes regímenes por los que había pasado España, en los últimos ochenta años, se habían resuelto los problemas de la Casa Consistorial y de las Escuelas municipales.
En esta ocasión, era más difícil todavía su realización, pues ya estaba en trámites el Plan de incorporación a Madrid de los municipios cercanos, y esta petición de la Inspección Provincial de Falange, obedecía al propósito general para la reconstrucción de todos los municipios, sin tener en cuenta los planes de expansión que se estaban estudiando para Madrid.
No obstante la Comisión Gestora estaba confiada en que, en esta ocasión, se podrían acometer los proyectos que se habían solicitado. En previsión de que se empezaran las obras que se habían solicitado en el mes de Febrero, se le encargó al Secretario, que confeccionara un estudio para la amortización de un préstamo de 100.000 pesetas, amortizable en 30 años, que se le solicitaría al Instituto Nacional de Previsión, en el caso de que fuera necesario.
Casi de la mano de esta decisión surgió otra circular, dirigida por Falange a todos aquellos municipios cuya economía fuera caótica, como era el caso de Hortaleza, para prestarles auxilios en las obras de abastecimiento de agua a la población y en las infraestructuras de saneamiento de las aguas fecales.
La Corporación ya estaba trabajando en este sentido, por lo que la noticia era de una enorme oportunidad para los intereses del pueblo. Se acordó instruir el oportuno expediente para solicitar las ayudas que fueran posibles. Además, el Estado, ponía a disposición de estos municipios, los recursos técnicos para realizar los oportunos expedientes, por lo que se podía solicitar la ayuda de los arquitectos del Estado, para que realizaran gratuitamente los oportunos proyectos.
En Hortaleza se estaban construyendo varias casas tanto en el casco del pueblo como en los alrededores, especialmente en las cercanías del Barrio de la Unión, y en alguna ocasión los nuevos edificios quedaban diseminados sin que pudiera determinarse a que población o barrio correspondían.
Para evitar que este crecimiento urbanístico se hiciera sin ningún control municipal, se procedió, en 1940, a la distribución de Entidades de Población. La norma fue que se agregaban a la Colonia La Unión aquellos edificios que estaban diseminados y que se encontraban en un radio superior a los 500 metros de distancia del centro del pueblo. El resto se añadirían al casco de la villa. Se aprovechó la ocasión para crear una nueva Entidad de Población denominada Colonia de Cerro.
Eran tiempos de reconstrucción general de todos los edificios y calles que, con ocasión de la guerra civil, se habían visto afectados en el pueblo. Si bien es cierto que durante la contienda no habían tenido lugar bombardeos significativos sobre la población, la realidad es que, cuando no era la Iglesia la que se tenía que reformar, eran las escuelas, o el depósito de cadáveres del cementerio, o alguna de las calles.
En esta ocasión era el tejado de las escuelas de la Plaza del Generalísimo, que se encontraba en ruina después de 3 años de la finalización de la Guerra Civil sin poder utilizarse como escuela. Como los desperfectos fueron ocasionados durante la guerra, entre otros motivos, a consecuencia de la ocupación del edificio por el ejercito del Frente Popular y el edificio era propiedad del Estado, se acordó solicitar del Director General de Educación Nacional el arreglo inmediato del dicho local con el fin de que se pudieran restablecer las prácticas escolares de la forma mas urgente posible.
Desde el Gobierno Civil se quería saber cual era el estado de la economía municipal de todos los municipios.
El día 14 de Enero de 1942, el delegado del Gobernador Civil de Madrid, D. Esteban Vayo de Lucas, acompañado por el interventor de fondos, D. Faustino Gosalbo Gosalbo, se personó en Hortaleza al objeto de verificar la situación del pueblo.
Del examen practicado tanto de la organización administrativa, como de los libros de contabilidad, del estado de las cuentas y arqueos, así como de documentos originales que daban soporte a las operaciones municipales, no se encontró nada anormal.
Si se evidenciaron las dificultades por las que atravesaba la economía municipal, sin que esto supusiese un problema que dificultara el cumplimiento de los fines legales establecidos. Esta última averiguación resultó, a la postre, ser uno de los objetivos de la Inspección, ya que la Diputación Provincial se dirigió a la Corporación reclamando el pago de las cuotas de aportación municipal que ascendían a 5.996,27 pesetas y que se adeudaban desde 1.939.
El Ayuntamiento, en vista de que la inspección había manifestado su capacidad para este tipo de pago, no podía continuar alegando su falta de recursos para la demora en el mismo, por lo que se acordó consignar en el presupuesto ordinario del siguiente año la cantidad que fuera posible, para ir amortizando la deuda, en el menor tiempo posible.
También se aprovechó esta inspección gubernativa para dejar constancia de los planes de la Corporación en la construcción de una Casa Consistorial y un Matadero Municipal.
No cabe duda de que, desde todos los estamentos responsables, se pretendía la realización de proyectos de reconstrucción, o de mejora de las infraestructuras, en este caso de las municipales. Pero también hay que resaltar, que no se estaba produciendo de una manera coordinada.
La Diputación Provincial planteaba la realización de un camino vecinal que uniera Chamartín de la Rosa con Barajas, pasando por Hortaleza. El propio municipio andaba detrás de la idea de construir una Casa Consistorial, un matadero municipal, unas escuelas, así como, la construcción de veinticinco viviendas protegidas en los terrenos de la Noria, propiedad de las Monjas de la Sagrada Familia y, por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, estaba ultimando su Plan de integración de los municipios limítrofes en la Capital, en lo que se denominaba Plan Bidagor.
Como finalmente resultaría, ninguno de estos planes, a excepción de la anexión a Madrid se llevó a efecto.