Desde 1919, siendo alcalde José Aragoneses «el tio Pepe el herrero«, como se le conocía, Hortaleza pasó por momentos de verdadera preocupación. Desde el Ayuntamiento no se conseguía poner orden en los asuntos del pueblo. Los concejales no acudían a las sesiones convocadas y los problemas se acumulaban por todas partes.

La situación llegó a tal extremo que el responsable del cuartel de la Guardia Civil tuvo que intervenir en la destitución del alcalde y y reponer en el cargo a Bernabé Morales, que lo había sido con anterioridad.

Con la destitución de José Aragoneses, desaparecieron del Ayuntamiento todos los documentos de los años 1916 a 1929. Algo parecido a lo ocurrido en 1875.

A pesar de la buena voluntad de Bernabé Morales, al frente de la corporación, la conflictividad vecinal no había mejorado. Hortaleza era un hervidero. No se daba con la tecla de la gobernabilidad municipal. Los conflictos iban en aumento y el talante del Ayuntamiento no ayudaba a su resolución, mas bien, todo lo contrario.

En ese ambiente de tensión, el día 5 de junio de 1924, intervino el Gobernador Civil de la provincia ordenando la destitución de toda la corporación. Se nombró nueva corporación presidida por D. Zacarías Gil Acevedo, que era el maestro del pueblo, y como primer teniente de alcalde se eligió a Andrés Obispo López.

El nuevo secretario municipal, Fernando Bartolomé, había sido designado por orden del Gobernador Civil.

Fernando Bartolomé pronto demostró su poco interés en desempeñar el cargo. Eran continuas sus ausencias, sin justificación, del Ayuntamiento, hasta que un buen día  desapareció sin dejar rastro de ningún tipo.

El Ayuntamiento cansado de su  actitud, decidió cesarlo en el cargo y  poner, su desaparición, en  conocimiento del Director de Seguridad,  quien encargó a  la Guardia Civil que averiguara su paradero.

A mediados del mes de enero de 1926 , el Ayuntamiento procedió a liquidar  la gestión de D. Fernando Bartolomé, momento en el que  descubrieron un saldo en las cuentas municipales, a favor del Ayuntamiento, que no se había justificado correctamente. Entre otras cantidades, sin justificar, se encontraban las 1.300 pesetas del  legado de Dª. Luisa Aguado, que le había entregado, el entonces alcalde Andrés Obispo, en propia mano, como consecuencia de  la devolución del préstamo que había tenido Juan Colino Rivera.

Después de varias gestiones, una vez localizado el Sr. Bartolomé, fue conminado por el Ayuntamiento para que procediera a la devolución de las cantidades que se le reclamaban, concediéndosele un plazo de tiempo para ello, sin que se tuviera ningún resultado de las mismas.

En vista de su actitud delictiva el Ayuntamiento se vio en la obligación de interponer una denuncia contra D. Fernando Bartolomé por malversación de fondos públicos.

Las cuentas municipales de los ejercicios 1924-25 y 1925-26 estaban sin aprobar, tarea que se llevó a cabo con la llegada del nuevo secretario, Antonio Vista.

Revisadas las del año 1924-25 se observó que faltaban libramientos sin reintegrar y que presentaban importantes defectos de forma, lo que el nuevo secretario achacó a la ineptitud de los secretarios anteriores, suponiendo, que el problema había consistido en que «no se había extendido algún ingreso por la misma cantidad que indudablemente existió».

Con esta actitud el nuevo secretario, Antonio Vista, pretendía salvar la responsabilidad delictiva de su antecesor y trataba de convencer a los concejales involucrándoles en su planteamiento, de tal manera que se permitió incluir en el acta correspondiente lo siguiente: «como en opinión de los concejales y Secretario, no existe al parecer responsabilidad se aprueban estas cuentas con las observaciones expuestas anteriormente».

La misma problemática encontrada en la aprobación de las cuentas de 1924-1925 apareció en las de 1925-1926. Falta de consignación de ingresos y gastos, importantes deficiencias formales. Defectos, que el secretario, consiguió minimizar para conseguir, nuevamente, el beneplácito de la corporación municipal, y obtener su aprobación en un alarde de corporativismo impropio, como se vería mas adelante.

La voluntad del secretario de exonerar de culpabilidad a los secretarios anteriores, especialmente al Sr. Bartolome, no le impedida recoger en el acta correspondiente su conclusión de que los secretarios anteriores: «eran completamente ineptos«.

A pesar de los esfuerzos del secretario, Antonio Vista, por salvar el comportamiento de sus antecesores, la sentencia del juicio resultó condenatoria para Fernando Bartolomé.

Esta resolución judicial no fue del agrado de Antonio Vista quien, a partir de ese momento, influyó en los concejales para implicar responsabilidad sobre Andrés Obispo que era el alcalde en el momento en que se denunció por malversación al antiguo secretario.

Transcurridos mas de dos años desde la publicación de la condena el Ayuntamiento seguía sin noticias de cómo iba a recuperar el dinero malversado por Fernando Bartolomé. En vista de lo cual, el Ayuntamiento envió un oficio al Juez de Instrucción del partido de Colmenar Viejo, solicitándole que procediera a la ejecución de la sentencia y que enviara, a su vez, un oficio al Excmo. Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas, con el fin de que se sirviera retener de la pensión, que percibía el mencionado Sr. Bartolomé, la parte que correspondiera hasta que se reintegrara el total de las cantidades malversadas de los fondos municipales, incluidas las 1.300 pesetas del legado de Dª Luisa Aguado.

En el mes de Marzo de 1.931, siendo alcalde D. Saturnino Plaza, el Ayuntamiento tuvo conocimiento del indulto de D. Fernando Bartolomé López, sobre la sentencia de malversación . La sentencia había resultado “sobreseída” por la Audiencia Provincial mediante auto de fecha 4 de Agosto de 1.930.

La llegada de la primera corporación republicana al Ayuntamiento de Hortaleza, fue aprovechada por el Secretario para insistir en su plan contra Andrés Obispo. El Ayuntamiento en su sesión del día 9 de Agosto de 1.932 citó a Andrés Obispo para que compareciera, y manifestara, cuanto supiera sobre la mencionada malversación del Sr. Bartolomé, con la advertencia de que, en caso de no contestar, se iniciaría un procedimiento de apremio contra él.

La actitud del nuevo ayuntamiento dejaba bien a las claras cual era su intención, ya que antes de oír al Sr. Obispo le avanzaba su intención de proceder a su apremio prejuzgando su culpabilidad, e imputándole la responsabilidad de la desaparición del dinero.

El día 21 de Agosto, Andrés Obispo López presentó Recurso de Reposición ante el propio Ayuntamiento indicando los pormenores de lo que se había requerido. Una vez enterada la Corporación y debatido el asunto tomaron la decisión de dejar en suspenso el expediente iniciado.

El secretario no conforme con el acuerdo municipal siguió maniobrando con algunos de los miembros de la corporación hasta que consiguió que se abriera una nueva investigación sobre la gestión de los años 1925 y 1926, que correspondían al mandato del ex-alcalde, Andrés Obispo, sin reparar, o quizá si, que las cuentas, de ese periodo, habían sido aprobadas con su asesoramiento, como secretario municipal.

Una vez abierta la investigación el objetivo del secretario no dejaba lugar a dudas. Conocía la absolución del Sr. Bartolomé, sólo quedaba construir los argumentos para exigir una responsabilidad subsidiaria de Andrés Obispo, como alcalde del momento.

Al margen de la cuestión de la malversación existían otros casos por los que el Sr. Bartolomé había sido condenado. En el año 1.934 seguía en curso otro expediente de apremio por cantidades que no fueron debidamente justificadas durante su gestión.

En esta ocasión el Ayuntamiento se dirigió al Ayuntamiento de Madrid solicitando la intervención de un agente ejecutivo para que embargara los bienes del Sr. Bartolomé.

Fruto de esta gestión, el Ayuntamiento, tuvo conocimiento de que el Sr. Bartolomé había fallecido el día 21 de enero de 1933.

A partir de ahí, el Ayuntamiento republicano decidió exigir  responsabilidades a Andrés Obispo.