A medida que se acercaba el momento de la celebración de las elecciones municipales, previstas para el 12 de Abril de 1931, la agitación popular iba en aumento. Circunstancia que no impidió ni la preparación, ni la celebración de la fiestas patronales en honor de San Matías.

También continuaron algunas actividades municipales como la plantación de 150 plantones de árboles en diversos lugares del pueblo, para lo cual el Ayuntamiento tenía intención de comprar 50 y solicitar el resto a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Madrid.

El primer ayuntamiento Republicano

La situación de Hortaleza no era nada diferente a lo que ocurría en el resto del País. El Ayuntamiento, a propuesta de su alcalde Saturnino Plaza, en previsión de que se pudiera provocar algún altercado de orden público, o de que, durante  las elecciones, se produjera alguna anormalidad, decidió dirigirse a la Dirección General de Seguridad solicitando que mandara una pareja de la Guardia Civil, para reforzar a las que había en el pueblo.

Llegó el esperado 12 de Abril y se celebraron las elecciones municipales. El número de concejales electos, en base a la población de Hortaleza, que en ese momento era superior a los 1000 vecinos, era de nueve.

Se desconoce el resultado de las elecciones, aunque parece lógico pensar que no fue del agrado del movimiento republicano.

El 16 de abril por la mañana, un grupo de vecinos encabezados por Rafael Ortega López, Miguel Morales Sanz, Ángel Martínez Lorenzo y Anselmo Sánchez Álvarez, junto con el secretario municipal, partieron de Hortaleza con el propósito de visitar al Gobernador Civil de la provincia con el fin de darle cuenta de la nulidad de la elección en Hortaleza del pasado día 12.

El Gobernador Civil ordenó constituir una Comisión Gestora Municipal Republicana formada por los mencionados señores; destituir al actual Ayuntamiento, y que, para completar los nueve concejales, se convoquen nuevas elecciones. Haciendo uso de la Guardia Civil, si fuera preciso.

De vuelta de Madrid, los comisionados, convocaron una reunión en la Casa Consistorial con el fin constituir el ayuntamiento siguiendo lo ordenado por el Gobernador Civil Republicano. Acordaron que la presidencia del Comité la ostentara D. Rafael Ortega López y que actuara como alcalde. El primer teniente de Alcalde resultó elegido D. Marcelo Morales Sanz y como segundo teniente de Alcalde D. José Rodríguez Aguado.

Para la elección de los tres nuevos concejales se fijó el día 20 de abril de 1931. Se anunció al público con la advertencia de que si algún candidato de los proclamados renunciaba, los sustitutos serían designados por el Comité recientemente designado. Una vez elegidos los concejales, se procedió a la designación de cargos. El acto lo presidió José Aragoneses Molpeceres, como concejal de mayor edad, y la designación quedó como sigue: Alcalde Rafael Ortega López, Primer Teniente de Alcalde, José Aragoneses Molpeceres y Segundo Teniente de Alcalde, Anselmo Sánchez Álvarez.

En la sesión extraordinaria del dia 21 de abril se constituyeron las siguientes comisiones:

Comisión de Hacienda: José Aragoneses Molpeceres y Marcelo Morales Sanz.

Comisión de Policía Urbana y Rural: José Rodriguez Aguado y Jeronimo Aragoneses Molpeceres

Comisión de Instrucción Pública: Angel Martinez Lorenzo y Anselmo Sánchez Álvarez

Comisión de Beneficencia: Juan Morales Álvarez y Victoriano Elipe Sánchez

Las primeras decisiones municipales

Una de las primeras decisiones del nuevo Ayuntamiento fue destituir a Guillermo Obispo como depositario de fondos municipales  y nombrar en su lugar a José Aragoneses Molpeceres. También se acordó prohibir que se tocara, en la Iglesia, la Marcha Real, por ser atentatorio al régimen republicano, y se fijó que las sesiones del Ayuntamiento se celebraran los domingos, a las 11 de la mañana.

Siguiendo con la toma de decisiones del momento, el 23 de Abril, se decidió cambiar el nombre de algunas calles. Así la Plaza del Astial pasó a llamarse de Pablo Iglesias; a la plaza de la Fuente se la llamó plaza del  14 de Abril de 1931; al Paseo del Sagrado Corazón se le llamó  Avenida de Galán y García Hernández; a la calle de la Taberna se la llamó calle de la Juventud de 1931; y la del Quinto, la de la Libertad. En la misma línea se notificó  a los maestros de las escuelas la retirada de los retratos del Rey, y que, en su lugar,  se pusiera la bandera Republicana.

Otro bloque de  iniciativas del nuevo Ayuntamiento estuvo dirigido a las órdenes religiosas. La primera fue reclamar a los Padres Paúles, para que presentaran los planos del edificio que se estaba construyendo, con el objeto de estudiar y conceder, si era el caso, la licencia de construcción que hasta la fecha no se había podido concretar. Aunque esta iniciativa parecía solo de ámbito económico o urbanístico, estaba apoyada en el ambiente de profundo cambio que se produciría con las órdenes religiosas y, especialmente, con la religión católica.

También se dirigieron a las Reverendas Madres Religiosas del Convento de la Sagrada Familia, para agradecerles su labor desinteresada en la educación que realizaban con los niños y, a su vez, que se abstuvieran de hacer ninguna propaganda ni manifestación en contra del régimen establecido.

Tan pronto como estuvieron disponibles los distintivos del régimen republicano, se  compraron nueve metros de tela para la bandera, que costaron 22,52 pesetas y se pagaron con cargo al capitulo de imprevistos de los presupuestos del Ayuntamiento.

Por primera vez en la historia de Hortaleza, se iban a producir agravios a los vecinos en razón del signo político con el que se identificaban. Así el día 17 de mayo  el Alcalde presentó una moción haciendo constar se debía informar a la Diputación Provincial que había individuos trabajando, con volquetes en la construcción del camino vecinal de Hortaleza a Canillas, que lucharon en contra de la República en las anteriores elecciones, y en cambio, los que con todo ardor y entusiasmo la defendieron, se encuentran que no les dan trabajo. El resto de la corporación se mostró unánimemente conforme con lo planteado por el alcalde.

Por parte del Gobierno de la Nación se promulgaron dos decretos en los que se establecía la relación entre los patronos y los obreros en los trabajos agrícolas. Para llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de lo establecido   se nombró a dos personas, uno en representación de los patronos y otro en representación de los obreros. En el caso de Hortaleza fue nombrado Guillermo Obispo López, como representante de los patronos y Felipe Martínez, en nombre de los  obreros.

Durante el  mes de Mayo la actividad del Ayuntamiento fue muy intensa. Se pretendía revisar todos los temas que estaban pendientes y resolverlos  lo antes posible, para evidenciar los beneficios del cambio. Uno de los asuntos pendientes era el proyecto de construcción del camino vecinal de Fuencarral a Canillas que pasaba por el término de Hortaleza. Los técnicos que estaban llevando a cabo el proyecto se dirigieron al Ayuntamiento de Hortaleza para que se hiciera responsable de solventar los problemas que pudieran surgir, con respecto a la ocupación de los terrenos necesarios para las obras, y de sus servidumbres.  La reacción del Ayuntamiento fue rápida y clara, en el sentido de que no se hacía  responsable, de ninguna forma, de la ocupación de los mencionados terrenos, y que, los técnicos, o quien correspondiera, deberían dirigirse a los respectivos propietarios e invitarles a que cedieran gratuitamente los mismos y, en el caso de que no fueran  cedidos, el Ayuntamiento se desentendía del asunto por entender que la obra no representaba un beneficio considerable para el pueblo.

En el afán del ayuntamiento de revisar muchos de los acontecimientos anteriores, en el mes de junio de 1931 ordenó al secretario municipal que investigara  las propiedades que el Ayuntamiento tenía en 1.824. Esto suponía revisar más de cien años en los archivos municipales y bucear en los procesos desamortizadores de Mendizábal y Madoz.

Fruto de la investigación llevada a cabo por el secretario, se determinó que en el año 1824, el Ayuntamiento poseía las siguientes  fincas rústicas: dos  en el Prado, una de 45 fanegas y otra de 60, dos  en Valdebebas, una de 9 fanegas  y otra de 20, dos  en las eras, una  de 5 fanegas y otra de 6 y otra en la Huerta de Torre Pilares. Respecto de las fincas urbanas poseía una casa baja en la Plaza, otra en la Plaza de la Fuente, que estaba deshabitada y otras dos casas más,  una de ellas en la Calle del Astial.

La mayoría de estos bienes habían cambiado su titularidad y no se tenía información de las circunstancias en las que habían sido vendidos. El ayuntamiento se dirigió a D. Mariano Rojo, que era diputado a cortes por la provincia, para que investigara a quien se vendieron en 1.857 las fincas de propios de este Ayuntamiento,  y a qué precio  se efectuó la venta, y que se informe, especialmente,  de la venta del Arroyo Valdebebas durante los años  1.866 al 1.868 , que se hizo en virtud de la Ley de primero de Mayo de 1.855.

El 8 de febrero de 1933 se promulgó un decreto suspendiendo otro anterior sobre el rescate de bienes comunales y de propios hasta que el Gobierno de la República hiciera público una nueva disposición que estaba proyectando. El Ayuntamiento de Hortaleza suspendió el envío del expediente que tenía preparado donde estaban reflejados los bienes que se pretendían rescatar y que pertenecieron al mismo.

Se continuó cambiando el nombre de algunas calles. En esta ocasión fueron las siguientes: La de la Iglesia por la calle de Cervantes, la del Barrionuevo será la calle del Norte, la de las Norias, de Mariano Pineda, la de la Fuente por la de calle de Luís Tapia, la de Burgos Alta pasará a llamarse calle de  Ramón y Cajal; la del Mesón, calle de  Ferrer,  y la del Cuartel, calle de Castelar. 

También decidieron “contribuir con quince pesetas, del capitulo de imprevistos, al ayuntamiento de Las Cabezas, para erigir una estatua a Riego, con motivo de la suscripción que en su honor se hace, como hombre luchador por la libertad que fue en 1820”. 

Los primeros conflictos  con la Iglesia, el maestro y la Guardia Civil

El cura era D. Francisco Navarrete Higueras, que, viendo como evolucionaban los acontecimientos, decidió, a mediados del mes de Julio,  dirigirse al Ayuntamiento para aclarar algunos aspectos que le preocupaban.

Las cuestiones que planteó fueron para interesarse en saber si la Autoridad Municipal y los Concejales veían con gusto que continuara con la labor educativa que venía realizando con los niños de la localidad, tanto dentro como fuera de la Parroquia; si podría seguir funcionando el Centro de la Juventud parroquial con fines educativos y de recreo;   y si la obra de catequesis de la juventud contaría con su benevolencia y permiso para organizar, con motivo de sus fiestas, rifas u otros remedios análogos con el fin de recabar fondos económicos indispensables.

El Ayuntamiento recibió la petición y, después de estudiarla y debatirla detenidamente, acordó: “Agradecer muy sinceramente el ofrecimiento que hace el citado señor respecto de la enseñanza de niños y jóvenes, si bien la mencionada enseñanza, está a cargo de funcionarios correspondientes del Estado, maestros, los cuales tienen obligación y deber de darla, absteniéndose, este Ayuntamiento, de tomar acuerdo respecto a los pormenores que interesa, hasta tanto las Cortes Constituyentes decidan sobre los destinos del país, y que está en libertad de acción para obrar”. 

La postura del Ayuntamiento estuvo llena de prudencia, remitiendo, tanto su comportamiento como el del  Cura, a  lo que se estableciera en la Constitución que estaba elaborándose.

No obstante, el Ayuntamiento seguía vigilante tanto de la actitud del Cura como la del maestro nacional, por lo que citó a ambos en el Ayuntamiento con el fin de aclarar ciertos pormenores. Algo parecido pasaba en relación con la Guardia Civil de la que se había recibido alguna queja en el ayuntamiento por determinadas personas del pueblo.

En ese ambiente el cabo de la Guardia Civil del puesto de Hortaleza se dirigió al Ayuntamiento solicitando la necesidad de instalar un teléfono en  la Casa Cuartel. En un primer momento , el ayuntamiento, ni siquiera trató el asunto, y, cuando se volvió a insistir en él, se informó de su denegación por falta de recursos municipales.

Con el paso del tiempo las relaciones con  Iglesia irían empeorando. Así en la primavera  del año 1932 estando próxima la celebración de  la Semana Santa, el Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, solicitó permiso para la celebración de las procesiones para los días Jueves y Viernes Santo.

El ayuntamiento no era partidario de su celebración pero no encontraba razones para oponerse a ello debido a la repercusión que podría tener entre los vecinos del pueblo. Al final encontraron una razón para no cursar la petición. Al parecer, la solicitud no llevaba el Timbre del Estado. No obstante el ayuntamiento acordó, que en el caso de que se realizara nuevamente la petición con el Timbre del Estado, la Corporación informaría desfavorablemente al Gobernador Civil,  basándose  en la campaña política que venía desarrollando el  Cura. Algo parecido ocurrió en el mes de Agosto con la procesión de San Roque. El Cura solicitó permiso para celebrarla y el Ayuntamiento se lo remitió al Gobierno Civil informando de que pudiera haber algún altercado de orden público por haber opiniones contrarias en cuestiones religiosas.

El problema del Paro Obrero

El paro obrero era un problema importante dentro de la localidad. El Ayuntamiento intentaba, con los escasos fondos municipales de que disponía, realizar trabajos para dar ocupación a los desempleados, pero las obras municipales eran insuficientes para resolver la crítica situación.

En vista de ello, los obreros parados se reunieron a primeros de Septiembre y decidieron presentar un escrito en el Ayuntamiento solicitando fueran convocados los propietarios hacendados del término, con el fin de hacerles ver la necesidad de intensificar los trabajos agrícolas y darles  ocupación en los  mismos. El Ayuntamiento no dudó en acceder a la petición de los obreros y convocó para el día 4 de Septiembre a las 6 de la tarde a los propietarios hacendados del pueblo. De la reunión no salieron conclusiones satisfactorias para la resolución del problema del paro.

También intentó buscar alguna  solución fuera de su jurisdicción. Recurrió al Ayuntamiento de Madrid pidiéndole que diera trabajo a los obreros de Hortaleza, justificando su  petición en que “de siempre obreros de Hortaleza estaban  trabajando en la Capital” y además, lo hacían por cuestiones de vecindad.

En la lucha por paliar la situación del paro se produjeron acciones voluntarias de los vecinos para colaborar con la situación de la crisis obrera, Guillermo Obispo ofreció al Ayuntamiento 100 pesetas en portes, como donativo, para allegar materiales al lavadero municipal que se estaba construyendo, lo que llevó al ayuntamiento a aceptar el gesto de solidaridad y hacer constar en el acta de la sesión del día 9 de Septiembre su voto de gracia a favor del mencionado vecino.

El paro obrero se había convertido en la gran preocupación, no sólo del Ayuntamiento, sino también del Gobierno de la República, que, para paliar sus efectos, había dispuesto que se utilizara los impuestos  de la contribución rústica y pecuaria , así como el de carnes y bebidas que reportaba al ayuntamiento, anualmente, entre 4000 y 6000 ptas.

En la misma línea, el 19 de Agosto, se recibió un escrito de la Diputación Provincial, firmado por el Ingeniero jefe, que pedía la entrega urgente de 8.476,13 pesetas en concepto de anticipo, que debería pagar el pueblo, cuyo reintegro se produciría durante los siguientes veinte años en base a la décima de la Contribución, tal como establecía la Ley de Caminos Vecinales. Por su parte el Estado contribuiría en la financiación del proyecto con  33.551,03 pesetas y la Diputación con otras, 8.829,63 pesetas. El objeto de la petición del ingeniero jefe no era otro que el adelantar lo posible las obras del camino de Fuencarral a Canillas que ya había sido explanado y ahora se necesitaba echar la piedra para compactarle.

El Ayuntamiento acordó por unanimidad prestar su conformidad al pago y así se lo manifestó al Presidente de la Diputación. Aprovechando esta comunicación se le transmitió  el interés del pueblo en la construcción del camino vecinal de Chamartin a Barajas que, según el plan provincial, pasaba por Hortaleza. En el mismo escrito se volvió a insistir, una vez más, acerca de la construcción de las escuelas del pueblo por parte del Estado.

En el pueblo esta medida poco iba a colaborar en la resolución del paro.  La decisión de solucionar el problema de paro sufragándolo a través de impuestos municipales, aunque fuera con uno de los mas importantes, no dejaba de ser una idea mas aparente que real,  puesto que la absorción de la mano de obra en paro dependía mucho mas de la contratación que proviniera de los  vecinos con propiedades, especialmente los que tenían actividades agrícolas, que de las obras que se pudieran abordar a través de las inversiones municipales provenientes de los ingresos del mencionado tributo. Una constatación de lo que comentamos se desprende del presupuesto económico previsto para el siguiente ejercicio, en el que estaban consignadas 815 pesetas para obras públicas, a las que habría que añadir las procedentes del impuesto de Contribución Rústica y Pecuaria del año, lo que se antojaba, a todas luces,  insuficiente para el objetivo que se pretendía.

Homenaje a los mártires de la II Republica

Se iba a cumplir el primer aniversario del fusilamiento en Jaca de los Capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, considerados  mártires de la  II República, y la Corporación decidió mandar una carta de pésame a las respectivas viudas.

Seguramente que la actitud de los miembros del Ayuntamiento estaba alineada con la que estaban adoptando otras corporaciones pero, probablemente, no conocían la realidad que estaba detrás del fusilamiento de ambos capitanes.

A continuación transcribimos la carta enviada por el Director General de Seguridad, el General Mola, al capitán Galán en prevención de la actitud revolucionaria del mismo:

Madrid, 27 de noviembre de 1930
Señor don Fermín Galán – JACA


Mí distinguido capitán y amigo:


Sin otros títulos para dirigirme a usted que el de compañero y el de la amistad que me ofreció en agradecimiento por mi intervención en el violento incidente de Cudia Mahafora, le escribo.

Sabe el Gobierno y sé yo sus actividades revolucionarias y sus propósitos de sublevarse con tropas de esa guarnición: el asunto es grave y puede acarrearle daños irreparables. El actual Gobierno no ha asaltado el poder, y a ninguno de sus miembros puede echársele en cara haber tomado parte en movimientos de rebelión: tienen, pues, las manos libres para dejar que se aplique el Código de Justicia Militar inflexiblemente, sin remordimiento de haber sido ellos tratados con menor rigor. Eso, por un lado; por otro, recuerde que nosotros no nos debemos ni a una ni a otra forma de gobierno, sino a la Patria, y que los hombres y armas que la Nación nos ha confiado no debemos emplearlos más que en su defensa. Le ruego medite sobre lo que le digo, y, al resolver, no se deje guiar por un apasionamiento pasajero, sino por lo que le dicte su conciencia. Si hace algún viaje a Madrid, le agradecería tuviera la bondad de verme. No es el precio a la defensa que de usted hice ante el general Serrano, ni menos una orden; es simplemente el deseo de su buen amigo que le aprecia de veras y le abraza.
Emilio Mola

Los acontecimientos se precipitaron y, al alba, la guarnición de Jaca se alzó contra el Gobierno constituido, tomó la ciudad tras haber apresado a los mandos militares desafectos, y proclamó la República, publicando Galán un bando que mandó fijar en las calles de Jaca. Era el mes de diciembre de 1930:

Como Delegado del Comité Revolucionario Nacional, a todos los habitantes de esta Ciudad y Demarcación hago saber:

Artículo único: Aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente será fusilado sin formación de causa.

Dado en Jaca a 12 de Diciembre de 1930.
Fermín Galán.

Después del  fracaso militar del levantamiento de Galan y Garcia Hernandez los sublevados fueron juzgados por un Consejo de Guerra Sumarísimo, presidido por el general Arturo Lezcano. El Consejo dictó sentencia condenando a muerte a Galán y al capitán García Hernández y condena a cadena perpetua al resto de sus compañeros.

Coincidiendo con el mencionado aniversario también se estaba levantando un monumento a los dos capitanes Galán y García Hernández, para lo cual el Ayuntamiento acordó donar 15 pesetas.  

Siguiendo con la práctica de los distintos Gobernadores Civiles de destituir y nombrar concejales cuando convenia, el dia 22 de Enero de 1933 se reunieron en la Casa Consistorial de Hortaleza en sesión extraordinaria los miembros que en ese momento constituían el ayuntamiento además de Dª Felisa Lozano, como funcionaria del Estado, D. Ramon del Campo Hernandez, representante de la clase obrera y D. Honorio Gonzalo de Castro como representante de los contribuyentes.

El secretario dió lectura de la Ley 30 diciembre 1932 junto con un escrito del Gobernador Civil del dia 14 de Enero en el que se ordena el cese en sus cargos de los señores concejales que constituían el ayuntamiento, para a continuación proceder a la constitución de una Comisión Gestora Municipal. Se realizó una votación entre los tres vocales que asistieron a la convocatoria y resultó elegido por mayoria absoluta Honorio Gonzalo de Castro como presidente de dicha Comisión. Como primer vocal resultó elegida Dª Felisa Lozano.


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