Para el Ayuntamiento de Hortaleza, después de la I República, empezaba un periodo cargado de  dificultades y de problemas. Con ser importante, lo menos trascendente eran los movimientos políticos. Ni siquiera las dimisiones del secretario y del alguacil, serían un problema para la marcha del Ayuntamiento. La verdadera dificultad era llevar a cabo la gestión del Ayuntamiento.

A consecuencia de los vaivenes políticos municipales, con la alternancia entre progresistas y moderados, había desaparecido toda la documentación municipal  desde el año 1870. Al llegar al Ayuntamiento Pedro Marqués, se encontró sin la documentación de las cuentas municipales de los años anteriores lo que impedía conocer los compromisos de cobros y pagos pendientes del Ayuntamiento.

Los anteriores gestores, Manuel Ruiz Arenas y Eustaquio Núñez se resistían a entregar las cuentas del periodo de 1870 a 1874, a pesar de la reclamación que les hicieron desde el Ayuntamiento.

Transcurrió el plazo, de tres días, que se le había otorgado al  Sr. Núñez, como último alcalde, para que depositara los documentos solicitados, el Ayuntamiento acordó poner el asunto en manos del Gobernador, para que le obligara a efectuar la entrega de los fondos, o que informara de cuanto fuese preciso. 

Ante la negativa de los anteriores gestores, el Ayuntamiento procedió a abrir expediente tanto a los alcaldes, como a los depositarios de las cuentas municipales de los años anteriores, concretamente se reclamaba desde 1872 hasta el momento en que se hizo cargo del Ayuntamiento, la actual Corporación.  

En esos momentos, en España, se estaban viviendo actos de agradecimiento y homenaje por el advenimiento de la monarquía Borbónica, de la mano de Alfonso XII. Hortaleza no iba a ser menos, y los actos tuvieron lugar los días diecisiete y dieciocho de enero.

En el mes de Febrero de 1875, el Ministro de Gobernación hizo un llamamiento de 70.000 hombres para su incorporación al servicio de armas, estableciéndose que se incorporarían todos los mozos que hubieran cumplido diecinueve años el día 31 de Diciembre de 1874. 

Para una parte de la población, el fracaso de la I República, supuso un duro golpe para sus convicciones. Después de un periodo de seis años de lucha, por alcanzar un cambio de régimen, veían como todas sus esperanzas se truncaban. Por eso su reacción ante el cambio, no se limitaba, en el caso de los alcaldes y depositarios de cuentas, a retener la información del Ayuntamiento, sino que iba más allá, e intentaba comprometer a personas,  afines al nuevo Ayuntamiento, falsificando documentación municipal.

Este es el caso ocurrido con Nicasio José que fue depositario de fondos municipales en la época anterior. Nicasio José tuvo conocimiento de  que en un documento aparecía su firma sin que él tuviera ninguna relación con el mismo. Ante la posibilidad de que del hecho pudiera derivarse alguna responsabilidad se dirigió al Alcalde, solicitándole una copia del acta del remate, de los artículos de consumo, celebrado el pasado día 30 Junio, que era el documento donde aparecía una firma suya sin que él la reconociera.

El Ayuntamiento comprobó la firma del mencionado acta, con la que habitualmente rubricaba Nicasio José resultando que, a juicio de la Corporación,  la del acta no había sido  puesta por él y  sí, por quien había hecho el escrito.

El Ayuntamiento acordó remitir escrito al Juzgado de Primera Instancia de Colmenar Viejo, para que, de oficio, procediera criminalmente contra D. Juan San Martín, que era el Secretario municipal cuando se extendió el acta y, a juicio de la  Corporación, el autor de la falsificación.

El día 22 de Agosto de 1875 se elaboró el censo de  empadronamiento de los vecinos del pueblo. La población había disminuido notablemente. En 1860 la población era de 554 habitantes y el censo realizado en 1875 alcanzaba la cifra 146 vecinos que se correspondía con  una cifra de 394 habitantes.

Esta constatación del número de vecinos tenía gran importancia para el Ayuntamiento, no solo por la disminución de la población, sino por su incidencia en el cupo de encabezamiento que figuraba en la Administración de Hacienda de la Provincia, por la que se liquidaba el encabezamiento. El dato no se había modificado desde 1.860 y, con este nuevo dato, se debería ver sensiblemente rebajado el importe del encabezamiento, con lo que se podría aliviar la tensión de los presupuestos municipales.   

Esa tensión en los presupuestos municipales venía derivada de la incapacidad del Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones puntuales, especialmente con el pago del alquiler de las escuelas.

La Casa Consistorial, donde también estaban las escuelas, se encontraba en un estado ruinoso, por lo se habían alquilado unas habitaciones de la casa del Marques de Cerralbo [1],que estaba contigua a la del Ayuntamiento. Los pagos del alquiler se habían visto afectado por la situación económica del Ayuntamiento. .

Transcurridos dos años y en vista de que no se podía resolver la deuda, el Ayuntamiento, trató de solventar la situación proponiendo  la firma un nuevo contrato de arrendamiento,  ajustando el pago de los alquileres a los gastos consignados en el actual presupuesto. El representante del Marqués de Cerralbo exigía lo establecido en el contrato vigente, advirtiendo al alcalde de que el  contrato de desahucio señalaba el mes Diciembre de 1877 para dejar desocupadas las habitaciones que ocupaba la escuela y que por tanto actuara en consecuencia.

Una de las alternativas que se pusieron en marcha fue la de dirigirse a Francisco Iborra, vecino de Chamartín, quien tenía una casa en el pueblo, para que, si no tenia inconveniente, se la arrendara al Ayuntamiento para las escuelas, por el importe que se tenia asignado en los presupuestos.

No obstante se seguía negociando con el representante del Marqués de Cerralbo  para ver si había alguna forma de alcanzar un acuerdo. En el mes de Diciembre, contestó el Marques de Cerralbo, que aceptaba ceder en arrendamiento la casa por el precio de doscientas pesetas,  con la condición de que se reconocieran las deudas pendientes.   

Por fin llegó la circular mediante la cual la Comisión Provincial dicto las normas que se deberían seguir para exigir, a los que fueron responsables del Ayuntamiento, que rindieran las cuentas que se hallaban en descubierto.

Se les comunicó, a los señores Manuel Ruiz Arenas, y Eustaquio Núñez, como Alcaldes, y a Nicasio José, como depositario de los fondos municipales, que  manifestaran quienes habían sido los depositarios interventores durante los referidos periodos, con el fin de que  no recayeran sobre ellos las responsabilidades exigibles.

Se les concedió  un plazo de 15 días por cada uno de los ejercicios  que estaban sin entregar y se les advirtió que, en caso de no cumplir el plazo establecido,  se establecería una sanción  para los tres sujetos que ocuparon los mencionados cargos.

Si bien se habían dictado las normas para que se justificaran las cuentas no aprobadas, por otra parte, se hacía público, por la Comisión Provincial, la desaprobación de la instrucción del expediente que se había abierto contra los tres encausados.  

Esta actitud de la Comisión no tenía ninguna justificación, si no fuera porque en la mente del Gobernador Civil de la Provincia estaba, no solo no inculpar a los tres responsables, sino que pretendía restituirlos en los puestos más relevantes del pueblo.  Con ello se dio carpetazo político, a una cuestión extremadamente delicada y que, con toda seguridad, tendría sus consecuencias en el futuro.

El día 22 de Abril de 1876 se recibió oficio del Gobierno de Madrid en el que el Gobernador Civil, en uso de sus facultades, decidió que el ayuntamiento de Hortaleza quedara constituido con las siguientes personas: Alcalde,  Pedro Rodríguez; Teniente de Alcalde: Eustaquio Núñez; Concejales: Marcos Molpeceres, Manuel Bello, Manuel de la Vega y Juan Martín.

Con estos nombramientos se venía a evidenciar por qué el expediente fue desaprobado. Era de suponer que detrás de estos nombramientos llegarían otros en los que se culminaría la “rehabilitación” de los responsables de no entregar las cuentas durante el periodo de 1872 a 1874 en el poder.

Con su presencia en las proximidades del poder no solo se había paralizado el expediente, por el que se les reclamaba la entrega de las cuentas, sino que se les permitía continuar en la actitud reprochable y poco democrática que habían ejercido durante los últimos años. Así D. Manuel Ruiz Arenas seguía en posesión de los fondos municipales de Beneficencia procedentes del legado de Doña Luisa Aguado que,  a pesar de habérsele conminado para su devolución,  seguía sin hacer caso a los requerimientos y sus consecuencias se estaban haciendo sentir al no poder atender algunos casos de necesidad y socorro del pueblo, puesto que el mencionado   no reintegraba los intereses correspondientes.

[1] XVI Marqués de Cerralbo, José de Aguilera y Contreras (nació en 1787 murió en 1872) sucedió también en los títulos de Alcudia (con Grandeza), Almarza, Flores Dávila, Alba de Yeltes, Campofuerte, Casasola, Foncalada, Fuenrubia y Oliva de Gaytan. Casó con Francisca Becerril, sus hijos murieron antes que él,  por lo que le sucede su nieto don Enrique.