Doña Luisa Aguado Martínez falleció en 1861, dejando en su testamento un legado de 9.000 reales para el pueblo de Hortaleza, con el deseo de que el interés que produjeran sirviese para socorrer a los pobres enfermos de la Villa.

El dinero lo tenia depositado en su casa D. Joaquín Belio, que era el agente del Ayuntamiento en la Capital.

En 1872 siendo alcalde Bonifacio Marqués se contactó con el Sr. Belio para que hiciera entrega de los 9000 reales al Ayuntamiento.

En 1.874, siendo alcalde Manuel Ruiz Arenas, se volvió a reclamar la entrega del dinero al Sr. Belio, ya que el ayuntamiento tenía el propósito de generar algún rendimiento, con el que poder dar cumplimiento al propósito de la legataria.

Recibido el dinero, en el Ayuntamiento no encontraba la forma de sacar rentabilidad al mencionado legado, por lo que los 9.000 reales permanecían en la caja municipal, sin generar ningún interés.

En el año 1875 se produjo la salida forzada de Manuel Ruiz Arenas y Eustaquio Núñez del Ayuntamiento. Esta situación ocasionó serios enfrentamientos en el municipio. Al abandonar el ayuntamiento se llevaron toda la documentación municipal, sin dejar ni un solo papel, correspondiente a los años de 1868 a 1875, en los que habían estado al frente del mismo.

Consecuencia de esta situación fueron las denuncias y los expedientes que se abrieron contra Manuel Ruiz Arenas y Eustaquio Núñez, como responsables de tal comportamiento.

En 1876 el nuevo alcalde, Pedro Rodriguez, poco antes de dejar su cargo en el Ayuntamiento, depositó las 2.250 pesetas en el Banco de España.

En el mes de Enero de 1877 fue nombrado, nuevamente, alcalde, Eustaquio Núñez. Ni el alcalde, ni el resto de la corporación, tuvieron conocimiento de la existencia del mencionado depósito, hasta el mes de Diciembre de 1877, en que, a través de una  comunicación, que  el Gobernador Civil envió al Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia, comunicándole que los fondos del legado de Doña Luisa Aguado, estaban, a disposición del Ayuntamiento de Hortaleza, en el Banco de España.

El Ayuntamiento no tenía ningún documento que acreditara tal depósito, por lo que contactó con D. Pedro Ruiz, que era el albacea de Doña Luisa, para efectuar, conjuntamente,  la reclamación.

Después de varias gestiones comprobaron que el dinero había sido depositado a nombre del anterior alcalde, Pedro Rodríguez,  y que no se podía retirar si no era con su consentimiento.

A pesar del enrarecido clima de denuncias y enfrentamientos, la corporación no tuvo más remedio que requerir a Pedro Rodríguez para que entregará el documento que retenía en su poder, a lo que éste, se negó rotundamente. 

Eustaquio Núñez dejó de ser Alcalde y  Pedro Rodríguez volvió al Ayuntamiento, ahora como concejal, quien reconoció que había depositado en el año 1876, la cantidad de 2.250 pesetas en el Banco de España, cumpliendo el encargo que le había conferido el Ayuntamiento de ese año, y que mantenía en su poder el mencionado justificante.

En 1879, el nuevo alcalde Marcos Barral, había decidido resolver esta situación sin más dilación. Planteó la cuestión al resto de los concejales, que aprobaron que Pedro Rodriguez siguiera como depositario hasta que se encontrara alguna solución, pero que el asunto debía resolverse con la mayor urgencia posible, para  poder socorrer a los pobres necesitados del pueblo.

La corporación entendió que una solución podía ser prestar el dinero, a quien pudiera interesarle, por un periodo de tiempo determinado  y aplicándole un interés.

Así se hicieron públicas las condiciones del préstamo.  El dinero se prestaría por un periodo de cuatro años, al interés del 8%, siempre que lo solicitara un vecino de la villa y ofreciera fianza a satisfacción del Ayuntamiento.

Después de realizado el anuncio, la primera petición llegó en el mes de Febrero de 1880, a cargo de Eugenio Morales. Ante el interés mostrado por Eugenio Morales y las prisas que tenía el Ayuntamiento por resolver el asunto, se le convocó a la sesión del día 29 de Febrero, que presidió D. Pedro Marqués, por encontrarse enfermo el alcalde titular D. Marcos Barral, para concretar las condiciones que se habían establecido para su concesión. Cuando Eugenio Morales las hubo oído retiró su solicitud, por no estar de acuerdo con el interés que se debía pagar y, mucho menos, con la necesidad de prestar fianza. 

Ante la ausencia de nuevas peticiones el Ayuntamiento acordó que cada uno de los concejales asumiera parte del préstamo, pagando el interés correspondiente a la cantidad que tomaran.

Cómo las condiciones iniciales resultaron difíciles de aceptar, redujeron el interés al 6 % y se comprometieron a pagar, por adelantado, lo correspondientes al primer año.

Las cantidades se repartieron de la siguiente manera: Pedro Rodríguez, doscientas cincuenta pesetas, Pedro Marqués, Bonifacio Marqués, Julián López y Nicasio José quinientas pesetas cada uno.

Se nombró depositario de los intereses recaudados, a Pedro Marqués, que se encargó de formalizar los oportunos pagarés. 

Apenas se corrió la voz de que el legado de Doña Luisa Aguado estaba produciendo sus réditos y que éstos, estaban destinados a socorrer a los pobres necesitados del pueblo, empezaron a llegar solicitudes de socorro al Ayuntamiento.

Con las primeras concesiones surgió el primer problema, a la hora de interpretar la voluntad de Dª Luisa Aguado. En el testamento figuraba que el destino de los intereses debía destinarse a socorrer a los pobres enfermos de la villa de Hortaleza. No quedaba muy claro  si se refería a los nacidos en Hortaleza, o, a los pobres que estuvieran residiendo en el pueblo. El caso es que la interpretación que se hizo fue la más restrictiva, es decir, considerar destinatarios sólo a los naturales de la villa y que, además, cumplieran con las condiciones de pobreza y enfermedad.

Entre las solicitudes que se desestimaron se encontraba una de Mateo Obispo, formulada en el mes de septiembre de 1880, porque, a pesar de vivir en la villa y encontrarse enfermo, no era natural de la villa. Si fue aceptada la solicitud enviada por Brígido de Castro, quien alegó ser natural de Hortaleza y pobre legal y que, además se encontraba enfermo, por lo que el Ayuntamiento acordó concederle una limosna de treinta reales.

El asunto se convirtió en punto de atención de las corporaciones venideras. En el mes de julio de 1881, el nuevo Alcalde, Antonio López Torres, nada mas aceptar el cargo, se interesó por conocer cual era el estado del capital legado por Doña Luisa Aguado, para lo que convocó a Pedro Marqués, que era el depositario de los intereses, para que le rindiera cuentas.

El vencimiento del plazo que habían acordado los componentes del anterior Ayuntamiento había vencido el día 31 de Agosto 1881. El alcalde informó a sus concejales y les preguntó sobre cuales eran las ideas para llevar a cabo la inversión de ese dinero, puesto que los intereses  eran propiedad de la Beneficencia de la villa. Después de debatir sobre el tema llegaron a la conclusión de que adoptarían el mismo procedimiento que la Junta anterior. Convocaron a los depositarios de los préstamos para que lo reintegraran, junto con los réditos devengados, y los distribuyeron entre los  nuevos miembros de la Corporación.  

Se repartió de la siguiente manera: Pedro Rodríguez setecientas cincuenta pesetas; Antonio López, doscientas cincuenta; Bonifacio Marqués, quinientas pesetas; Julián López, quinientas pesetas y  Eustaquio Núñez, doscientas cincuenta pesetas.

Al parecer, las cantidades fueron reintegradas el día 3 de Septiembre 1882, junto con sus intereses, y que fueron recibidas por el Depositario de los fondos municipales.

¿Qué pasó con el dinero a partir de ese momento? Es de suponer que en los siguientes años continuara una gestión de los  intereses en el mismo camino en que se venia haciendo hasta 1882, pero la realidad es que existen pocas referencias, en los acuerdos del Ayuntamiento, de lo que se hizo con las 2.250 pesetas.

Sólo en 1904, Catalina Molpeceres, viuda de Francisco Nuñez de las Heras reintegro las 400 pesetas que tenía a prestamos y fueron concedidas a Juan Colino Rivera con el interés del 6 %, actuando como fiador Rafael Ortega López

Veinte años después, de manera parecida a lo que había ocurrido en 1875, desaparecieron del Ayuntamiento gran parte de los documentos municipales de los años 1916 a 1920  entre ellos todo lo relacionado con el  legado de Dª Luisa.

De los depositarios de las 2.250 pesetas no se tenía conocimiento, a excepción de las 1.300 pesetas que tenía en su poder Juan Colino Rivera, que fueron entregadas personalmente al Alcalde,  Andrés Obispo, quien a su vez,  se las había entregado en mano al secretario municipal. Del resto del dinero, ni se tenía constancia ni se produjo la devolución por parte de nadie.

De tal manera que en 1925, el Ayuntamiento abrió expediente con el número 9 sobre una denuncia a D.Jesús Municio, como heredero del exalcalde D. Eduardo Núñez para que pagara interese de 22 años del legado de Dª Luisa Aguado

Con tamaño descontrol municipal, no resultaría extraño lo que ocurriría al poco tiempo.

Cuando el Ayuntamiento fue a liquidar, a mediados del mes de Enero de 1926,  la gestión de D. Fernando Bartolomé, que era el secretario municipal,  descubrieron un saldo en las cuentas municipales, a favor del Ayuntamiento que no se había justificado correctamente.

Entre otras cantidades, que no supo justificar el Sr. Bartolomé, se encontraban las 1.300 pesetas del  legado que Dª. Luisa Aguado, que le había entregado, el entonces alcalde Andrés Obispo, en propia mano, como consecuencia de  la devolución de Juan Colino Rivera.  

Sobre el comportamiento del Sr. Bartolomé, el Ayuntamiento presentó una denuncia por malversación de fondos públicos. La sentencia del juicio determinó la condena del Sr. Bartolomé. Si bien es cierto que, en segunda instancia, fue indultado.

En 1931 se tuvieron noticias de su fallecimiento y el Ayuntamiento republicano de Hortaleza, siguiendo los consejos del secretario municipal del momento, decidió exigir la responsabilidad de Andrés Obispo, en su calidad de alcalde de ese momento.